Chavismo copa sindicatos para frenar los reclamos

La libertad sindical y el derecho de huelga no son, en la actualidad, banderas dilectas del Gobierno de Hugo Chávez. Además del controvertido proyecto de ley sobre delitos mediáticos y un nuevo modelo educativo socialista, el chavismo está embarcado ahora en ajustarles las clavijas a los gremios. A las leyes que restringen el derecho a huelga (de Seguridad, y de Acceso a Bienes y Servicios) se les agregaría en breve el último platillo por salir del horno de la Asamblea Nacional: una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo que criminalizaría toda protesta laboral.

No es para menos: según la ONG venezolana Espacio Público, más de 750 protestas laborales fueron organizadas durante el primer cuatrimestre de 2009 frente a las 1.600 que se produjeron a lo largo de 2008. Curioso: los gremios más combativos son los del petróleo y de la industria pesada, que hasta hace poco constituían la piedra basal, y sumisa, del bolivarianismo «trabajador».

Pero, desnudado el fracaso del modelo frente a la baja de los precios del petróleo y una administración desordenada, los sueños de un estado de bienestar chavista se han traducido en conflicto social. Con temperatura en ascenso y nerviosismo permanente dentro del Gobierno.

Por eso, de acuerdo con Provea, una organización venezolana pro Derechos Humanos, de las 2.200 personas con cargos penales por haber participado en protestas durante los últimos 4 años, cerca de 150 son dirigentes gremiales de peso. De ellos, 30 pertenecen al sindicato petrolero y 25 a Sidor, la planta de acero que fue de Techint y que Chávez nacionalizó en 2008.

Esos empleados de Sidor sometidos a juicio podrían tener hasta 10 años de prisión. (Con la vigencia de la Ley de Seguridad Nacional, toda persona arrestada por manifestaciones dentro de las declaradas «zonas de seguridad», que incluye sedes gubernamentales, instalaciones petroleras, guarniciones militares y oficinas públicas, puede ser condenada hasta a 10 años de prisión. Por su parte, la Ley de Acceso a Bienes y Servicios castiga a las personas que impidan la producción, distribución o comercialización de bienes esenciales, con hasta 10 años de prisión). Así, el caso Sidor es observado con atención por los laboralistas. Sentará jurisprudencia para cualquiera que en el futuro presione a su patrón a través de protestas y huelgas.

El gran patrón, sin embargo, es el Estado bolivariano. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), los estatales suman 2.244.413 personas (un 18,9% de la población ocupada).

Desde febrero de 2007, con la ola «estatizadora», la nómina se incrementó un 22,4% al incorporar 411.321 trabajadores provenientes de las «nacionalizadas» (Electricidad de Caracas, CANTV, frigoríficos Cealco, Lácteos Los Andes, las cementeras Holcim y Lafarge, además de Sidor y el Banco de Venezuela), por las que el Gobierno desembolsó u$s 6.636 millones.

Mientras aguarda la nueva legislación antihuelga, Chávez gana tiempo como sea. Frente al gremio petrolero (con 90.000 trabajadores), puso de ariete a Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, y, a la vez, presidente de PDVSA. Ramírez, desde la patronal, ya dijo que no va a discutir las elecciones gremiales (tres veces pospuestas en 2009) ni la convención colectiva con «los enemigos del presidente Chávez». Esto es, los sindicalizados en la FUTCV (Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela), quienes denunciaron a Ramírez por «atropellos, presiones y chantajes». Es más, ayer el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Manuel Cova, llevó esa denuncia ante la misma OIT.

Aunque el principal motivo de choque es el que no se dice: Ramírez quiere, además, integrar a los petroleros agremiados a las milicias bolivarianas. Los de FUTCV se niegan.

En cuanto a los sindicatos de la industria pesada, los más violentos a la hora de protestar contra el Gobierno en reclamo de salarios y beneficios sociales atrasados, fue el mismo Chávez quien trató de amansarlos el sábado pasado, desde Ciudad Guayana (capital de ese polo industrial).

Allí sacó de la galera el Plan Guayana Socialista 2019 (elaborado por los obreros, supervisado por el gabinete de Chávez), pero que ahora maquilló con dos Corporaciones Socialistas, la de Hierro y Acero, y la de Aluminio. Serán dos holdings estatales, manejados por los trabajadores, «con control directo de la producción por parte de los obreros» y que no estarán bajo la égida de la Corporación Venezolana de Guayana, que durante 50 años cobijó a 15 empresas mineras, del acero y del hierro. Y terminó de fracasar con el desmanejo y desinversión de la última etapa estatizadora del chavismo.

Para calmar un poco más los ánimos, el presidente venezolano anunció que el Estado invertía u$s 313 millones en esas corporaciones. Los expertos dicen que apenas alcanza para tapar un poco las dificultades del sector. Y que haya o no una nueva legislación antihuelga, las protestas de trabajadores decepcionados en el bolivarianismo seguirán.