Santiago - En una decisión que reaviva el candente debate entre oposición y oficialismo en Chile, un organismo de control decidió prohibir la distribución a municipios de la denominada «píldora del día después» utilizada para prevenir embarazos. El Gobierno de Michelle Bachelet, que defiende ese método anticonceptivo resistido por sectores conservadores y religiosos, intentará ahora la difícil tarea de sancionar una nueva ley que garantice la distribución gratuita del fármaco.
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Un fallo de la Contraloría -un órgano que fiscaliza la administración pública- prohibió la entrega de la pastilla en los municipios, un resquicio que había encontrado Bachelet para asegurar la entrega universal del anticonceptivo.
El tema se metió de lleno en la precampaña electoral para las presidenciales de diciembre, e incluso reavivó una grieta en la coalición de centroderecha que lidera los sondeos.
El fallo representa también un nuevo triunfo de un grupo Pro Vida, patrocinado por legisladores y empresarios opositores, que se opone a la distribución del fármaco al considerarlo abortivo.
El Gobierno intentará revertir esta medida a través de un proyecto de ley que ingresará la próxima semana al Congreso, mientras diputados y organizaciones feministas anunciaron que distribuirán en sus sedes el medicamento, que se vende libremente en farmacias a un costo de u$s 15 por unidad y con receta médica.
La nueva ley «busca establecer de manera clara e indiscutible el derecho de todas las personas a decidir qué tipo de sistema anticonceptivo usa y el deber del Estado de dar facilidades para que este derecho se ejerza», dijo la vocera del Ejecutivo, Carolina Tohá.
Pero la iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que un fallo anterior del Tribunal Constitucional estimó ilegal el reparto de la píldora en los servicios públicos, al existir «duda razonable» sobre sus cualidades abortivas. «El problema no es subsanable por medio de una ley, porque todas las leyes deben estar sometidas a la Constitución, que en Chile protege la vida del que está por nacer», explicó la abogada del grupo Pro Vida, Andrea Iñíguez. «El Gobierno debería realizar una reforma constitucional» para consagrar el aborto, prohibido en todas sus formas en Chile, agregó.
Organizaciones sociales reclaman la distribución del fármaco especialmente entre las adolescentes pobres, que registran 20 veces más embarazos indeseados que sus pares de estratos altos.
«El fallo impide vivir una sexualidad desligada de la reproducción», señaló una carta firmada por 40 organizaciones de mujeres.
Para la Organización Panamericana de la Salud, la píldora no es abortiva, ya que obstaculiza la función de los espermatozoides en la fecundación del óvulo.
«En temas valóricos tiene que haber libertad de acción», dijo el candidato presidencial opositor, el liberal Sebastián Piñera, ante la imposibilidad de alinear a su sector, que mayoritariamente rechaza la iniciativa, pese a que él la apoya. Diputados de la opositora Unión Demócrata Independiente (derecha) amenazaron con restar su respaldo a Piñera (Renovación Nacional, centroderecha), luego de que éste llamara a respaldar el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso.
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