El presidente Sebastián Piñera encabezó un acto en el Palacio de La Moneda, mientras que su antecesora Michelle Bachelet se reunió con militantes frente al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En ambos casos, el motivo del encuentro fue condenar el accionar del Gobierno de facto, pero cada uno desde su óptica. Ante integrantes de los partidos oficialistas, en los que hay sectores que estuvieron junto a Pinochet y aún lo defienden, Piñera señaló que el Gobierno del socialista Allende (1970-1973) "quebrantó la legalidad y el Estado de derecho". Según dijo, en ese período "el resquebrajamiento de la democracia y las malas políticas públicas fueron generando un creciente caos político, económico y social". "Ello no significa, por supuesto, que todas las responsabilidades sean equivalentes, pero sí que fueron mucho más compartidas de lo que algunos todavía sostienen", afirmó.
"Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u ordenaron cometer las violaciones a los derechos humanos", señaló el presidente, que consideró que "también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia".
Por su parte, Bachelet, favorita a las elecciones de noviembre como candidata de un conglomerado que reúne desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, reconoció que es "justo hablar de la agudización del conflicto social" durante el Gobierno de la Unidad Popular. "Lo que no es justo es hablar del golpe de Estado como un destino fatal e inevitable. No es justo afirmar que hubiera una guerra civil en ciernes, porque para dar continuidad y respaldo a la democracia se requería más democracia, no un golpe de Estado", recalcó ante integrantes del pacto electoral Nueva Mayoría. "Las responsabilidades de la implantación de la dictadura, los crímenes cometidos por agentes del Estado no son justificables, y son responsabilidad de quienes los cometieron y los justificaron", subrayó.
En medio de esas diferencias, la Iglesia Católica, clave en la defensa de los derechos humanos bajo dictadura, subrayó su rechazo a los crímenes de lesa humanidad ocurridos, otrora avalados por sectores conservadores. "Nada justifica los atropellos a la dignidad de las personas cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973", sostuvo la Conferencia Episcopal en un comunicado. "Recordamos (aún) los 40 años del golpe de Estado, un momento doloroso de la historia chilena cuyas heridas no han terminado de cicatrizar", agregó en el texto.
Durante la dictadura unas 38.000 personas fueron torturadas y más de 3.000 asesinadas, de las cuales 1.200 continúan desaparecidas. La Iglesia Católica chilena, liderada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, organizó la defensa de los derechos humanos desde el primer día del régimen militar a través del Comité Pro Paz primero y de la Vicaría de la Solidaridad, luego. "Me parece que como han muerto tantos, que muera un sacerdote también está bien. Nosotros debemos morir con el pueblo", dijo en 1984 cuando una patrulla policial asesinó al sacerdote francés André Jarlan, en un barrio pobre de la capital.
| Agencias DPA, ANSA y EFE |
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