25 de junio 2009 - 00:00

Circulación de CDs truchos llega a 60%

Guillermo Ocampo (SADAIC), Alejo Barrenechea (abogado especialista en derechos de autor) y el coordinador Antonio Ambrosini (UP), durante el debate.
Guillermo Ocampo (SADAIC), Alejo Barrenechea (abogado especialista en derechos de autor) y el coordinador Antonio Ambrosini (UP), durante el debate.
«En los Estados Unidos, la venta de CDs en 2000 era de 13 mil millones de dólares, pero el año pasado se redujo a 9 mil millones. México es el país con mayor índice de piratería de América, mientras que en Paraguay 99% de la música que circula es pirateada. La Argentina no está tan lejos de ese récord: más de 60% de las copias en circulación son ilegales en tanto 100% de la música y películas que se baja de Internet, no se paga». Los datos se expusieron en el seminario sobre piratería audiovisual que tuvo lugar en la Universidad de Palermo la semana pasada, con presencia de varios referentes de la cultura como José Miguel Onaindia, Mario Miranda del INCAA y Guillermo Ocampo de SADAIC, entre otros.

Aquellos que afirman que debe protegerse el contenido audiovisual de Internet (amparados en la propiedad intelectual y pago de derechos de autor), consideran ilegal su manipulación sin el pago del canon de rigor. En cambio, los defensores de la divulgación gratuita argumentan que el libre acceso a los contenidos ayuda a la «democratización» e intercambio, a modo de ser «solidarios» con aquellos que no pueden acceder sin la gratuidad de Internet.

Por caso, Paulo Coelho sostuvo en un seminario sobre el tema que «no compartir es egoísta». Si bien este autor permite la descarga de libros suyos de manera gratuita o a bajo costo, esta postura «libre» llega luego de haber ganado millones gracias a las ventas de sus best sellers.

Patricia Santa Marina, directora de asuntos institucionales del grupo que nuclea a radios como «Mega», «Pop» y «Amadeus», entre otros, se refirió a la fuerte pérdida económica, que en mayor medida es de las discográficas pues unos pocos artistas logran grabar por su cuenta, aislados de los sellos. También apuntó a la merma de empleos en ese ámbito y al fuerte desincentivo que, según su visión, afecta a la proliferación de nuevos músicos: «En Estados Unidos se perdieron 500 millones y 71 mil puestos de trabajo en la industria musical a causa de la piratería. Cerró el último Virgin Records que aún subsistía, es decir, a la vez que se reduce el negocio se reducen los nuevos artistas. En Francia el negocio cayó 30% y por ende el contrato con talentos nuevos».

La contrapartida de este panorama sombrío es la gran cantidad de nuevos artistas que surgen a diario gracias a Internet. Quienes carecen del apoyo de las discográficas (la gran mayoría de los músicos del mundo) graban online desde diferentes puntos del planeta y se reúnen sólo gracias al espacio virtual.

Santa Marina insistió: «Que el artista elija regalar su trabajo para hacerse conocido no se discute. Lo que se defiende aquí es el derecho de aquellos que quieren cobrar por su trabajo. Allí es donde Internet se convierte en zona liberada que permite el robo sistemático. Nicolás Sarkozy lo describió como zona de no derecho. Pero una cosa es robo y otra diferente es la defensa de la libertad de expresión o el derecho a la privacidad que alegan aquellos que quieren navegar Internet sin restricciones».

Para los expositores, tanto la descarga desde la web como la venta ilícita de CDs constituye piratería --concepto que en la legislación de varios países está aun en discusión--, y se preguntaron cómo atacar la piratería online, pues no puede localizarse más que en mundo virtual. Los «piratas digitales» han perfeccionado su técnica pues la tecnología se ha descentralizado para ser menos pasible de demandas judiciales.

Una cuestión clave es el papel de los ISP (Internet Server Providers o proveedores de Internet), que rechazan de plano, junto con los internautas, la imposibilidad de intervenir en los contenidos de los usuarios. En cambio, los defensores del copyright y comisiones antipiratería buscan el modo de frenarla por la vía de la intervención tecnológica. Se pretende una legislación que ordene a las ISP cortar el servicio de quienes bajan música o películas de manera ilegal. En Francia, pocos días atrás, la Corte Suprema falló en contra de una iniciativa similar, para ordenar que sólo un juez pueda intervenir en cada caso particular para decidir el procedimiento.

Existen fuertes lobbies para que las leyes protejan a los proveedores y los liberan de responsabilidad por el contenido. Así, los ISP se ubican en la misma vereda que aquellos que reclaman por la «libertad» de contenidos: sus clientes. El argumento por excelencia de los proveedores de Internet apunta a que la tecnología es neutra y que el uso depende del cliente.

Las respuestas de asociaciones de gestión colectiva varían. Las norteamericanas sostienen que, conforme baje el precio de la bajada de contenidos, se irá pagando gradualmente el canon correspondiente. En tanto en Francia, aseguraron que nadie pagará un centavo si lo puede bajar libremente.

Guillermo Ocampo, director general de SADAIC, sostuvo: «Hay un desafío tecnológico que puede llevar a la industria de la música a una situación terminal. El caso de Kazaa fue emblemático, pues se condenó a resarcir por la ilegalidad de la música, lo que el sitio aceptó. Pagó y más tarde se fundió, para ser reemplazado por otro nuevo».

Pero ¿cuál es la ganancia de los programas P2P de descarga gratuita de música, que no cobran a usuarios ni tienen publicidad? Algunos brindan un servicio básico y advierten que pueden contagiar virus, con lo cual ofrecen un servicio Premium mediante el cual se paga poco pero se garantiza seguridad.

Otra razones pueden resultar algo más conspirativas: el único motor es el registro de millones de IP y cruza de datos para ser vendidos a empresas. La publicidad es casi nula pues ninguna empresa pautaría allí. «Si los ISP han pedido inmunidad y desligarse de responsabilidad» continúa Ocampo «es porque saben que infringen el copyright». Santa Marina agregó: «Que les corten el chorro, como hacen en China, aunque por cuestiones políticas».

Alejo Barrenechea,
abogado especialista en propiedad intelectual, expresó: «Si bien necesitamos la ley para que reconozca el derecho de autor y que se haga efectiva mediante procedimientos, resulta difícil en un contexto de argucias para restringir la sentencia favorable al reclamo del derecho de autor. Resulta inconcebible que un autor diga que impedir Internet es egoísta, que hay que ser solidario».

En cuanto al cine, José Miguel Onaindia, ex presidente del INCAA que actualmente se desempeña como profesor en la UP, aportó una visión menos apocalíptica y apartada de la carga sobre la tecnología y los sistemas represivos.»Hay que cambiar desde las prácticas diarias y la educación. Si en la facultad sigue la tendencia a leer fotocopias en lugar de libros y de vender copias de películas que encargan los profesores, es difícil que el alumno lo considere condenable. Resulta imposible hablar de copia o robo cuando se defiende la teoría de la intertextualidad. Pasó con el premio Planeta, que había tomado 38% de una obra ajena. Eso es plagio, aunque no todos lo condenaron».

Onaindia considero´que el problema de la reproducción audiovisual afecta más al mercado hogareño de DVDs y videoclubes que a los cines. «Las salas sufren por otro tema que tiene que ver con segmentos de público que no saben siquiera que tienen un cine cerca, porque nunca fueron ni se interesaron».

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