5 de marzo 2015 - 00:00

Clásico: CGT-Caló negocia obras sociales por paritarias tranquilas

Antonio Caló
Antonio Caló
La CGT oficialista intentará negociar con el Gobierno el flujo de fondos de sus obras sociales para este año antes de la pauta salarial. Para eso, la central resolvió ayer pedirle una audiencia al nuevo jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, como paso previo a una eventual audiencia con Cristina de Kirchner.

El mensaje es el mismo que transmitió el sector en los últimos años: el Ejecutivo podrá obtener de sus dirigentes un rumbo calmo en las negociaciones paritarias en tanto resuelva en tiempo y forma la estructura de costos de las prestadoras de salud de los gremios afines. Sólo en ese escenario la CGT de Antonio Caló prometerá que el 30 por ciento de aumento será una referencia para sus debates con el sector empresario y no un piso, como plantean en los gremios opositores.

La única central sindical reconocida formalmente por Cristina de Kirchner reunió ayer su "mesa chica" de conducción en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Además del metalúrgico Caló y del dueño de casa, Andrés Rodríguez, estuvieron José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA), el mercantil Armando Cavalieri, el ferroviario Sergio Sasia y el mecánico Oscar Romero; Omar Viviani (taxistas), Héctor Daer (Sanidad) y Jorge Lobais (Asociación Obrera Textil).

El tema que se llevó más debate fue el de las obras sociales, sobre el cual Lingeri es el dirigente con mayor conocimiento y contacto con funcionarios. Sobre el financiamiento, aunque la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, mantiene relativamente al día los subsidios y reembolsos, hubo consenso en reclamar una actualización de los valores reconocidos para los reintegros de prestaciones médicas complejas, uno de los ítems que más preocupa a los gremialistas.

El otro tema que molesta desde hace años a los gestores de las obras sociales es el denominado "descreme" de afiliados. Se trata de un proceso iniciado en los 90 con la desregulación del sistema de salud, que habilitó el libre traspaso entre prestadoras y que generó asociaciones entre algunas obras sociales y empresas de medicina privada. Desde entonces, esas sociedades capturaron a los afiliados más jóvenes y con mejores salarios de otras entidades, que en cambio quedaron con los más veteranos y enfermos.

En sucesivas gestiones ante funcionarios de Salud los líderes de la CGT oficialista presentaron diversos formatos para encorsetar a sus afiliados y evitar más pérdidas, o bien para acotar la injerencia de las prepagas en el sistema.

Hasta ahora no tuvieron mayor atención, pero los dirigentes vieron en la designación de Aníbal Fernández una nueva oportunidad para plantear la problemática.

Por lo demás, la "mesa chica" volvió ayer sobre la agenda de temas pendientes con el Ejecutivo, con el Impuesto a las Ganancias como eje constante. El mensaje a los funcionarios será que la posibilidad de una modificación sobre ese gravamen también incidirá en la discusión salarial de este año, junto con los fondos de las obras sociales.

Los dirigentes también hablaron sobre el paro convocado por los gremios del transporte para el 31 de marzo. Con Sasia, de Unión Ferroviaria, y Viviani (taxistas) como los referentes del sector, y además ambos de excelente relación con el Gobierno, los presentes evaluaron que existe una alta probabilidad de que la medida de fuerza termine por quedar en suspenso, como sucedió a fin de año. Esa misma presunción hizo que Hugo Moyano y sus aliados de la CGT opositora dilataran el martes su adhesión a esa protesta.

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