Clásico: una ley para cada elección

• El peronismo cumple un proyecto: volver al 83 y manejar a cara de perro la Justicia desde la política. • Como en los tiempos de Saadi. • Eso explica, más que el fragor cristinista, que todo el peronismo apoye la reforma judicial. • También aplica la estrategia de que cada elección se haga con un reglamento distinto. • Se abre la góndola de ofertas: legisladores Mercosur y más embajadores políticos. • Y Bergoglio que todos los días manda una carta a la Argentina.

cLa broma en las peñas por estas horas es que un café, un cigarrillo y una carta del nuevo papa no se le niegan a nadie. Quienes creían que Francisco iba a ser una nueva persona frente a lo que era Bergoglio -hipótesis novelesca de José Pablo Feinmann, mejor novelista que ensayista- están desilusionados. Quienes creían que el nuevo pontífice no iba a abandonar a su grey lo festejan y advierten cómo no transcurre un solo día sin que desde Roma llegue un mensaje directo para la Argentina, sea por la reforma judicial (carta a Ricardo Lorenzetti), sea por los manes de San Lorenzo de Almagro. Hay que imaginarlo a Francisco, que es un jefe de Estado, en su período de aprendizaje, el que tienen que cumplir todos los que son exaltados a un cargo ejecutivo, y más de la talla que tiene el Vaticano. Parece pegado a la agenda que cumplió durante más de una década, atando las relaciones que alimentó como arzobispo de Buenos Aires, cargo que desempeñó también como un dirigente político, y uno de los más importantes de la última década. Construir el rol de estadista es la tarea que le queda. A un presidente suele llevarle dos años ese aprendizaje, hay quienes aprueban la asignatura, otros fracasan y tienen que volver a empezar. Bill Clinton, en sus dos primeros años, fracasó en la reforma del sistema de salud y tuvo un cataclismo en las primeras legislativas; volvió a empezar, rindió las previas y gobernó los otros seis años con éxito. Carlos Menem, en esos dos primeros años de aprendizaje, amagó con dos hiperinflaciones hasta que llegó Domingo Cavallo y acomodó los tantos durante otros dos, y el riojano gobernó diez años con ese resto. El papa Francisco se entusiasmó en la plaza cuando vio la bandera de San Lorenzo y se apartó del guión para gritarles sonriente a los cuervos: "¡Eso es importante!". En las mismas horas lo recibió a Ban Ki-moon que obviamente lo forzó a olvidarse de las entretenidas tramas porteñas que motivan su manía epistolar; seguramente un diálogo con el secretario de la ONU, comparado con entretenerse con cartas a Mauricio Macri, Lorenzetti, el sucesor Mario Poli, a sus amigos sindicalistas o a la barra sanlorencista, debe ser lo más aburrido que se pueda imaginar. Se engañan, sin embargo, quienes creen que la construcción del estadista que terminará siendo Bergoglio lo sacará de la escena local. Ha pasado a ser el líder político de la región, uno de los principales y con más poder de un país con políticos sin poder, y seguirá atendiendo con mimo el día a día del que fue su distrito.



cCruje la oposición cuando mira a un peronismo que no presenta ninguna disidencia frente a los proyectos de reforma judicial. El Gobierno observa eso con entusiasmo y minimiza la rebeldía de Jorge Yoma, al punto que no le dará el gusto de una expulsión de la Comisión de Justicia. Los voceros del Gobierno, que ha constituido un grupo rating para defender las iniciativas en los medios -recurso al que apeló hace años el Gobierno Menem -, vende los proyectos y el apoyo unánime del peronismo como una vorágine de cristinismo, y se regocija cuando en peñas, bares y billares, se fantasea con que Cristina de Kirchner puede ser candidata testimonial a consejera de la Magistratura. Es comprensible porque arrancó el tiempo del marketing electoral. Pero ese apoyo no se agota en la pasión cristinista del oficialismo, porque tiene bases más que sólidas en la estrategia del peronismo desde hace más de una década. Ese partido nunca digirió la mayoría de los institutos de la reforma constitucional de 1994 y se dedicó, desde aquel momento, a tratar de derogarlos. Al poco tiempo de sancionada la carta en Santa Fe, el propio Menem -que había escrito junto con Raúl Alfonsín el Núcleo de Coincidencias Básicas- hablaba del arrepentimiento de haber eliminado el Colegio Electoral. Era para mitigar las acusaciones de hegemonismo sobre los grandes distritos (Buenos Aires) como si alguna vez las provincias menos pobladas hubieran influido en una elección presidencial. Otros grupos, enfrentados con el menemismo, reprocharon que en esa reforma se le hubiera dado rango constitucional a los tratados internacionales que, por ejemplo, resguardan la vida desde el momento de la concepción y frenan la legislación permisiva del aborto. Otro punto, discutido a fondo en 1994 en Santa Fe fue sobre las acciones de amparo, que se limitaron frente a proyectos más audaces presentados en aquella oportunidad pero a los que se opusieron sectores empresarios conducidos entonces por Domingo Cavallo. El ministro actuaba en la reforma desde afuera -no fue convencional, como tampoco su adversario interno Roberto Dromi- en tándem con gobernadores de provincias chicas que formaban un bloque contra las aspiraciones de la provincia de Buenos Aires, que había puesto a Alberto Pierri en la estratégica vicepresidencia de la Convención, debajo de Eduardo Menem presidente y fogonero de los proyectos de las provincias chicas. El articulador de este bloque, que integraban los convencionales Néstor y Cristina de Kirchner, era Juan Carlos Mazzón, que asesoraba también a Cavallo. En uno de los pocos proyectos en los que se puso de acuerdo todo el peronismo fue en escuchar el argumento de las ligas empresarias de que había que limitar amparos y acciones de clase que pudieran generar megajuicios, con costos millonarios como los que se ventilaban en la Justicia de los Estados Unidos por temas ambientales o las tabacaleras.



cTodas las reformas que ha hecho el peronismo sobre el sistema de control de la Justicia en las casi dos décadas desde 1994 han sido disolver el mecanismo del control de la Justicia a través del Consejo que habían impuesto los radicales y algún convencional peronista como Héctor Masnatta, que había estudiado el sistema europeo de consejos y logró hacer avanzar la idea con sus propios compañeros de bloque. Con la reforma de 2005 se buscó quitarle margen de maniobra a los "estamentos" (abogados, especialmente) y reforzar, gracias a la ambigüedad de la letra de la nueva Constitución, el rol de los políticos y del oficialismo (el Art. 144 dice que debe integrarse "de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". Es la misma ambigüedad que convirtió en una quimera la asignación del tercer senador a la oposición en los distritos. La cláusula transitoria 4 de la norma sancionada dice que: "El conjunto de los senadores por cada distrito se integrará, en lo posible, de modo que correspondan dos bancas al partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la Legislatura y la restante al partido político o alianza electoral que lo siga en número de miembros de ella". Al amparo de esa expresión de "en lo posible" aparecieron senadores provinciales que los tres representaban al peronismo.



cCon esta vuelta de tuerca, de aprobarse como es esperable los proyectos del oficialismo, termina diluida la norma constitucional porque volverán los jueces a ser designados y removidos por representantes del voto popular. Es lo que ocurría en la Argentina hasta 1994: los candidatos a jueces eran propuestos por el poder Ejecutivo y debían pasar el examen de la comisión de Acuerdos del Senado. Esa cámara desde 1983 fue dominada por el peronismo, con el cual negoció el Ejecutivo de Alfonsín la designación de los magistrados del nuevo período democrático. Las negociaciones de la Casa de Gobierno con el entonces responsable de esa llave legislativa, Vicente Saadi, dieron a luz con la primera camada de jueces democráticos. Esos acuerdos lotearon el Poder Judicial porque el radicalismo proponía los nombres y los filtraba el peronismo en el Senado. Para que salieran debía haber un acuerdo político. Cuando el peronismo ganó en 1989 mejoró su mayoría en el Senado pero el loteo siguió existiendo como un territorio de convivencia. Entre 1983 y 1994 ¿qué debía hacer un abogado que quisiera ser juez? Ir al despacho de algún legislador con vara alta en algunos de los dos partidos, dejar sus antecedentes y esperar el favor de arriba. Era un gesto necesario pero discreto, y el postulante no tenía necesidad de que nadie más supiera cuál había sido la escalera para su designación. Con el nuevo sistema los jueces vuelven a quedar bajo el control directo de la política sin el amortiguador de los pesos y balances que ha significado la elección indirecta de los consejeros. En el caso de un juez que quiera representar a su estamento en la Magistratura deberá hacer más: dirigirse a un partido y postularse como candidato. Se sabrá qué juez es peronista, quién radical y quién trotskista -es imaginable que Jorge Altamira, o su partido, no se perderá esta elección tan estridente-. Quienes buscan el pelo en la leche imaginan que, en este trámite, puede embarrarse el proyecto. Los jueces tienen prohibido hacer política. ¿Ser candidato de un partido no es hacer política? No faltará quien, apenas tome conocimiento de que un juez se acerca a la sede de la calle Matheu, lo impugne por hacer política y busque inhabilitarlo para ser juez y para ser candidato. Habrá cambios en la letra chica del proyecto en Diputados para evitar esta eventualidad. Los más fantasiosos creen que si alguien logra un amparo sobre esta norma puede llegar a complicar el trámite de las PASO (elecciones primarias) y hasta precipitar su cancelación, sueño de algunos opositores del duhaldismo y del radicalismo que creen que benefician al oficialismo más de lo conveniente. Para justificarse, dicen que en realidad al oficialismo le conviene esa suspensión quizás sin entender que la ley de primarias fue hecha para beneficiar a quien gobierna.



cSi el peronismo, que con entusiasmo anima esta vuelta al 83 para que la política retorne a regir a cara de perro a la Justicia, no hace más que ratificar una tradición, también insiste este año en la estrategia de que cada elección se haga con una ley diferente de las anteriores. Es un uso táctico de las mayorías legislativas esto de irle cambiando al resto el reglamento cada dos años. Antes fueron las PASO; esta vez es el voto de los sub-18, colgar de las listas a los candidatos a la Magistratura, y de paso llamar a elecciones de diputados comunitarios, es decir del Mercosur. Cuando la oposición estaba aprendiéndose la ley de las PASO para evitar las trampas que les tiende, ahora tiene que adaptarse a esas novedades en masa en la legislación electoral. Es una táctica eficaz en un país sin actividad partidaria; llaman a jugar al tenis, pero cuando están en la cancha les dicen al resto: no, ahora vamos a jugar rugby, y con dos pelotas. Enloquece esto a los opositores que ven que además se ha abierto en las últimas horas el mercado de oferta de cargos a legisladores con las defensas bajas, ésos que terminan mandato, no tienen reelección y tienen un precio más que bajo para cualquier aventura. La góndola ofrece hoy cerca de cuarenta bancas para el Congreso regional que funcionará en Montevideo. Son diputados y senadores que cobrarán sueldos en moneda fuerte y gozarán de dos delicias de la vida pública: viáticos internacionales y poca visibilidad en la tarea. Un gran argumento para la jubilación, como es usual en Europa. La obra góndola que se abre en estas horas es el decreto que deroga otro de Carlos Menem y que limitaba a 25 la cantidad de embajadores políticos. Esa norma -como adelantó este diario- ya está a la firma de Cristina de Kirchner y nadie ha logrado frenarla.