Ilva Myriam Hoyos, funcionaria de esa institución, hizo la denuncia tras visitar la frontera por pedido del procurador general, Alejandro Ordóñez, para escuchar las quejas de quienes habían sido repatriados.
"En las declaraciones que hemos recibido por parte de las personas que están en los albergues en Cúcuta (Colombia) nos manifestaron que en el tránsito de la frontera y por las márgenes del río Táchira guardias venezolanos abusaron de mujeres", dijo Hoyos al diario El Tiempo. "No le puedo decir cuántos (son los casos) porque hemos recibido algunas declaraciones, pero pueden ser varios", comentó Hoyos.
Ordóñez reconoció la semana pasada que estaba recopilando información del comportamiento de los militares venezolanos para interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Ordóñez calificó de "dramático y alucinante" lo que ocurrió en la frontera y aseguró que la CPI se encargará del caso porque se tipificaron "claros delitos de lesa humanidad" cometidos por autoridades venezolanas contra colombianos que fueron arrancados de sus hogares.
Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, anunció el sábado que mañana interpondrá en Washington una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Maduro, por lo que llamó "atropellos" de militares de ese país contra colombianos.
La crisis empezó el pasado 20 de agosto, cuando un ataque armado que dejó heridos a tres militares venezolanos en su país, cerca de la línea limítrofe, llevó a Maduro a cerrar por 72 horas la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander.
Maduro extendió después el cierre por tiempo indefinido y decretó medidas de excepción en Táchira, tras lo cual empezó la deportación de colombianos.
El mandatario asegura que con el estado de excepción se busca erradicar el contrabando desde Venezuela a Colombia y combatir a bandas paramilitares que operan en esa zona.
Según cifras oficiales, 1.097 colombianos fueron deportados desde entonces, aunque un poco más de 6.000 cruzaron los límites internacionales a través de un río para retornar a su país y anticiparse a la deportación.
Varios de los deportados denunciaron que sus casas fueron marcadas con la letra "D" y luego demolidas en el municipio de San Antonio, en Táchira.
La Defensoría del Pueblo de Colombia señaló el sábado que ha recibido 1.014 denuncias por la actuación de las autoridades venezolanas. El organismo indicó que el 34% de las quejas corresponde a violencia física o verbal, el 29% desintegración familiar, el 17% a despojo y el 16% a destrucción de viviendas.
En ese marco, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consideró "increíble" que en el siglo XXI se deporte a personas de manera "arbitraria" sólo por su nacionalidad.
"Otra vez nuestros compatriotas en apuros nos necesitan, parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el sólo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla", dijo en el acto de inicio de la Caminata Solidaridad por Colombia.
| Agencias DPA, EFE y Reuters |


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