Cómo Griesa aplicará la fórmula para pago

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Luego de la ratificación por parte de la Cámara de Apelaciones competente en el caso de los bonos argentinos en default del fallo del juez Thomas Griesa, el cual ordenó a la Argentina a abonar los títulos que no ingresaron al canje juntamente con aquellos que sí lo hicieron, aparecen ahora dos aspectos claves: cómo aplicará en la práctica Griesa dicha orden y qué hará el Gobierno, que ya ha expresado que no hará pagos a los denominados «vulture funds» o fondos buitre.

Griesa tiene que resolver cuánto dinero tendrán derecho a recibir los tenedores de bonos que no ingresaron al canje (hold-outs) cuando la Argentina efectúe el pago a favor de los tenedores que sí ingresaron a dicha operación (hold-ins). Aquéllos no sufrieron quitas ya que rechazaron los canjes (y no han recibido pagos desde el default), mientras que los segundos vienen recibiendo pagos desde los canjes (2005 y 2010), pero con respecto a bonos que sufrieron quitas.

En este sentido Griesa podría decidir que los hold-outs cobren: (i) todos los pagos bajo los títulos viejos (es decir sin quitas); (ii) igual que los hold-ins (es decir con las mismas quitas), (iii) a cuenta de sus acreencias (menos que el 100 por ciento de lo que deberían cobrar, pero sin reconocer quitas) u otras alternativas.

De suyo que a partir del fallo anterior de Griesa ratificado por la Cámara de Apelaciones existe una situación nueva, pero asimismo de acuerdo con la resolución que ahora debe tomar Griesa las repercusiones serán significativas tanto para los hold-outs como para los hold-ins.

Frente a ello aparecerá la postura a ser tomada por el Gobierno argentino en el sentido de si decidirá abonar los mayores pagos que deban efectuarse en virtud de las sentencias o si no lo hará, abonando exclusivamente el monto correspondiente a los bonos del canje (en cuyo caso faltaría dinero). Por supuesto que la decisión no se encuentra firme y todavía queda la apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero dicha apelación puede ser denegada (en cuyo caso quedará firme la resolución de segunda instancia) o ser otorgada, pero con la orden de que se cumpla el fallo de Griesa mientras se tramite la misma.

Asimismo, tanto la denominada Ley Cerrojo como los términos y condiciones de los bonos canjeados impiden al Gobierno pagar a los hold-outs mayores sumas que a los hold-ins a menos que dichas mayores sumas sean extendidas a los tenedores que ingresaron a los canjes, lo que haría muy gravosa la situación fiscalmente.

En relación con la postura del Gobierno, y de mantenerse la misma (todo indicaría que será así), la Argentina deberá buscar otros canales de pago para evitar embargos de los pagos a los hold-ins, y en este sentido se aplican los actuales términos y condiciones relacionados con lo que se denomina agente de pago, en este caso el Bank of New York, y forma de pago. Básicamente, los hold-ins deben cobrar como está previsto en los títulos. Cualquier otro mecanismo debería ser consentido por ellos (en una mayoría del 75% del capital de cada serie de bonos emitida). Estos mecanismos podrían incluir un pago en cuentas en la Argentina por ejemplo. La Argentina podría eventualmente pagar directamente en el país sin dicho consentimiento, lo cual podría implicar incurrir en un evento de incumplimiento técnico o incluso de pago. Por último, la Argentina podría decidir no pagar hasta no tener un fallo firme de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que sí sería considerado un evento de incumplimiento de pago o incluso considerar una posibilidad de hacer pagos en una eventual cuenta de reserva hasta dicha sentencia, pero de suyo que se aplican aspectos políticos que son resortes del Gobierno. Con respecto al aspecto legal, varios de estos puntos son de interpretación, la cual puede cambiar, como se ha visto varias veces en estos años desde el default de 2001, y por ello es muy difícil aventurar posibles resultados.

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