¿Completarán jueces la historia nunca contada?

Esteban Righi

Sobre la base del relato del informe -que se atribuye a Guillermo Moreno y a la directora por el Estado Beatriz Paglieri, pero que se realizó basado en una investigación efectuada por una comisión presidida por Alberto González Arzac y la Sigen que conduce Daniel Repo-so-, el Gobierno instruyó al procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, que haga una denuncia judicial. La base es el nuevo dato que aportó el testimonio de Lidia Papaleo de Graiver sobre que habría recibido presiones del fallecido Francisco Manrique y del hoy CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, para que vendiese en 1976 las acciones de Papel Prensa.

El informe repite una historia escrita varias veces y conocida por quienes han seguido la trama de este caso, que lleva ya más de 40 años (Juan Carlos Onganía en 1969 disparó el proyecto de esa papelera) pero pretende la judicialización con el propósito de tener herramientas para, como programa mínimo, declarar la nulidad de aquella venta y, como programa máximo, descargar responsabilidades en directivos de los socios del Estado en la empresa que actuaron en aquella venta de 1976, como Magnetto, el director de La Nación Bartolomé Mitre o el entonces directivo de La Razón, Patricio Peralta Ramos, que, según los relatos conocidos de esta historia, fue quien llevó el negocio de compra de las acciones de los Graiver a los otros diarios.

Para el primer objetivo, la dificultad para las pretensiones del Gobierno es el tiempo transcurrido y la aceptación pacífica del Estado -socio de esos medios en Papel Prensa- de la legitimidad y legalidad del andamiaje jurídico de la empresa. Si hubiera habido delitos -esgrimirán esos socios hoy odiosos para el Gobierno- ya han prescrito. La pieza de bóveda de la estrategia kirchnerista es cuestionar que la venta se hiciera sin antes tramitar el juicio sucesorio de David Graiver, quien tenía una hija de dos años. Esa venta se habría hecho sin el sucesorio para apurar los tiempos, y a eso contribuiría la leyenda de que Graiver no había muerto en el accidente en México, sino que estaría vivo, quizás en Israel. Este mito estuvo raramente ayer en boca de Cristina de Kirchner y de González Arzac, quienes deberían saber que lo usarían presuntamente los complotados para hacer la venta sin terminar la sucesión porque Gravier estaría vivo, algo que nunca se comprobó. Los dos hablaron de «misteriosa muerte», un lema setentista, pero castrense.

Para el segundo objetivo, el Estado como querellante tiene que lograr que se demuestren dos cosas: 1) que el Gobierno militar conocía, a noviembre de 1976, fecha de la venta de los Graiver a los tres diarios, la vinculación de los vendedores con la organización Montoneros, pero que la ignoraron expresamente para que la venta se hiciese sin tener en cuenta ese hecho y demorar hasta marzo de 1977 la detención de miembros de la familia Graiver y sus allegados, que sufrieron desaparición, tortura e incautación de otros bienes por esa vinculación con la banda terrorista. Entre esos bienes sólo habría una pequeña porción de acciones de Papel Prensa en manos de algún testaferro y del tutor de la hija de Graiver, que no pudieron entrar en la venta del año anterior; 2) que los compradores también estaban en conocimiento de esa vinculación y que a sabiendas apuraron la compra porque sabían que seguiría a eso la detención de los Graiver.

Vehemencia

Es comprensible la vehemencia de las dos partes; el Gobierno, que consintió como todas las administraciones anteriores la mejor relación con estos socios, hace política tratando de desmantelar un negocio; los afectados por la denuncia tratan de salvar su negocio empleando argumentos políticos. Unos y otros replican lo que suele ocurrir en un divorcio cuando el marido se enardece con reproches a su ex y merece la respuesta de sus amigos: «Acordate que ésa era tu mujer, no la mía».

En los relatos más solventes de esta historia, que son los libros «Detrás del espejo» (Eds. Beas, 1993) escrito por el fallecido fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas con su hijo Fernando) y «Los cerrojos a la prensa» de Julio Ramos, fundador de este diario (Ed. Amfin, 1993), se deja abierta esta presunción de que pudo existir ese acuerdo tácito de vender rápido para no hacerla con los Graiver ya detenidos. El libro de Molinas se basó en una investigación que hizo el fiscal y tiene el valor de aportar una historia completa del proyecto, incluyendo el origen bajo la dictablanda de Onganía-Lanusse y la historia del aporte del dinero de Montoneros al grupo Graiver que, según los Molinas, constituyeron también graves irregularidades en el origen de Papel Prensa. Estos dos pioneros (Ramos y Molinas) aportaron información invalorable en defensa del interés público para la verdad de un caso en el cual muchos han actuado defendiendo su interés particular.

No hay muchos testimonios en lo que se ha escrito sobre el tema en la cronología de ese aporte y cuándo lo supieron el Gobierno militar y otros protagonistas. En los últimos días, el ex secretario técnico de la Presidencia Gustavo Caraballo aportó un testimonio que afirma que el grupo Graiver vendió esas acciones bajo presión, pero no bajo detención, y que los herederos de David Graiver no pidieron resarcimiento al Estado en 1984 por entender que habían vendido esas acciones antes de su detención. Caraballo es un prestigioso abogado que fue funcionario de Héctor Cámpora y Juan Perón, y que ha actuado como profesional en defensa del Estado bajo el actual Gobierno en casos importantes como el arbitraje de Yacyretá con el grupo italiano Impregilo. Pudo ser secretario de Defensa de Nilda Garré, con quien lo une gran amistad como con otros funcionarios del Gobierno, hechos que refuerzan sus dichos al despojarlos de cualquier animus oponendi.

¿Completará la investigación judicial las lagunas o las ausencias en la historia de Papel Prensa? Por ejemplo, la trama Montoneros-Graiver, o el incumplimiento por la empresa de la finalidad de proveerles papel a todos los diarios del país, las nunca esclarecidas denuncias de precios preferenciales de ese insumo a los socios, o la discriminación a otros medios en la provisión del papel. O también la nunca aclarada venta de acciones de La Razón a Clarín, avalada por el juez de la quiebra del diario de los Peralta Ramos, Héctor Foiguel López, acción que motivó pedido de juicio político del cual fue salvado por la comisión respectiva de Diputados que comandaba en los años 90 el hoy vicegobernador Alberto Balestrini.

La denuncia que hará Da Rocha -abogado del Estado- será enviada al procurador general Esteban Righi -jefe de los fiscales-, quien la mandará a sorteo a la cámara federal de Capital para que determine qué juez tendrá que hacer la instrucción del caso. El grupo Clarín ha hecho trascender que el objetivo del Gobierno es vincular la venta -hecho prescrito para cualquier intento de reflotar en la Justicia el caso- con la causa Camps que instruye en un juzgado de La Plata el magistrado Arnaldo Corazza. Hay un primer intento de vinculación a partir de una resolución del juez de la Capital Federal, Daniel Rafecas, quien le envió el expediente de una investigación de la venta que está en su juzgado para que se agregue a la de Corazza porque entiende que pudieron haberse cometido delitos de lesa humanidad. Esa resolución fue apelada y ayer la Cámara Federal de Capital Federal le ordenó a Corazza agregarla a la causa Camps. Se espera que se sucedan otros procedimientos que podrían implicar por lo menos la citación a los compradores de aquellas acciones.

Para que se produjeran detenciones, como prevé la ley para los acusados de delitos de lesa humanidad, habría que esperar algún procesamiento con semiplena prueba de que los compradores sabían que a la compra de noviembre de 1976 seguiría la detención de los Graiver en marzo de 1977. Hasta ahora, el único testimonio que se conoce de eso son las palabras de Lidia Papaleo de Graiver sobre una reunión con Magnetto, quien le habría dicho: «Firme, o le costará la vida de su hija y la suya». ¿Bastará con esa declaración para una incriminación? La propia Graiver contó que antes de ese diálogo, en una reunión social en México, el empresario Gabriel Alarcón le habría dicho a su marido, David Graiver, muerto meses después en un accidente aéreo: «David, vendé Papel Prensa porque te costará tu vida». Ella dice no creer que se tratase de una presión o una amenaza, pero sí lo cree de los dichos de Magnetto. Dependerá de las pruebas que aporte o de la credibilidad de declaración ante los jueces.

La legislación vigente ordena la detención de acusados de delitos de lesa humanidad, sujeto al instituto de excarcelaciones de la jurisprudencia ordinaria, aunque un plenario de cámara -caso Bessone- restringe esas detenciones si el acusado puede huir o actuar para desbaratar pruebas. Dictar detenciones en un caso ocurrido hace tantos años tampoco es fácil para un juez en una causa con tanta carga política y que transita bajo la lupa del público. La chanza ayer en tribunales fue bautizar la causa de Papel Prensa como causa «tiqui-tiqui», porque el expediente que salga de esta denuncia le va durar a cada juez al que le toque actuar apenas unos minutos antes de sacársela de encima.