Quito - La condena contra el diario ecuatoriano El Universo y tres de sus directivos encendió el previsible rechazo de organizaciones empresariales de medios y otras afines, pero también de entidades no enroladas en ninguna de las «trincheras» que enmarcan la conflictiva relación de organizaciones periodísticas y varios gobiernos latinoamericanos.
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Los principales medios gráficos privados de Ecuador, como El Comercio y Hoy, de Quito; y Expreso, de Guayaquil, han mantenido una postura de solidaridad con El Universo, al igual que la organización Fundamedios, que agrupa a periodistas que trabajan en los medios mencionados y en otros tradicionales.
«La decisión judicial contra el diario El Universo representa la confirmación del carácter hostil del Gobierno del presidente Rafael Correa contra la prensa crítica o independiente», dijo por su parte el uruguayo Claudio Paolillo, integrante del Comité Ejecutivo de la empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). «El presidente de hecho se está volviendo millonario a través de sus ataques a la libertad de expresión y la libertad de prensa», añadió Paolillo.
Panorama preocupante
En ese sentido también se expresaron organizaciones que se ocupan de la libertad de prensa en el continente, como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANBP) y la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa. El peruano Instituto Prensa y Sociedad, que tiene organizaciones gemelas en Venezuela y Colombia, trazó un panorama preocupante, no sólo para Ecuador sino también para América Latina. «Este fallo refleja que la tensión es evidentemente aguda, aunque por distintos motivos en países como Venezuela, Ecuador y la Argentina», dijo Ricardo Uceda, secretario ejecutivo de la organización. «La causa de esa tensión es la base autoritaria de esos gobiernos, ése sería el denominador común. En otros países como Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú esa tensión es menor», añadió el principal directivo del IPyS.
El repudio alcanzó también voces con distinto perfil, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, las que, por ejemplo, en su momento se manifestaron a favor de la ley de medios argentina porque entendieron que ampliaba la multiplicidad de voces.
RSF calificó como un «desastre» la decisión de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana, y pronosticó que el fallo actuará como «verdadero estímulo a la censura que podría muy bien afectar mañana a otros medios de comunicación».
En tanto, el relator de la ONU Frank La Rue (guatemalteco) emitió un comunicado junto a su par de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero (colombiana). Ambos recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció ya hace más de una década que «la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión».
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