Confirman al juez que debe resolver caso Gils Carbó

Alejandra Gils Carbó

 La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó ayer al juez Enrique Lavié Pico en la causa que trata la validez de las designaciones de fiscales en la Procuración General. El magistrado había sido recusado por el oficialismo en el expediente iniciado por el gremio de jueces contra los nombramientos que firmó Alejandra Gils Carbó el última día hábil de 2014.

El resultado era esperable porque en ese fuero las divergencias son mínimas. Firmaron Jorge Moran, Marcelo Duffy y Rogelio Vincenti. Esa realidad motivaba ayer en el Gobierno nuevas pericias pero ya enfocadas en una potencial acusación en la comisión de Disciplina de la Magistratura. Anoche había particular interés en el desempeño del juez en causas relacionadas con el mercado de las telecomunicaciones y ciertos litigios por la llamada tasa de justicia.

En paralelo desde la Cámara del Crimen se conoció ayer una resolución que congela las designaciones de otros dos fiscales subrogantes, Fernando Fiszer y Sandro Abraldes.

La novedad desató una puja interna en esa instancia cuyos integrantes le reclamaban ayer al juez de feria Jorge Cicciaro haber tomado una resolución que en realidad le compete al pleno de la Cámara.

La pelea por las designaciones sube en la agenda política pero en ese trayecto deja esquirlas que son propias de la interna de los tribunales. Por ejemplo, ayer en el Gobierno anotaban que entre las 16 designaciones que firmó Gils Carbó aparecen tres fiscales para la nueva Casación Penal ordinaria, donde firman jueces cercanos al grupo Justicia Legítima. Esos cargos no fueron contemplados cuando la Corte Suprema habilitó la Cámara y debieron incluirse en el anexo 2 de la ley que confirmó el nuevo Código Procesal Penal. La precautelar contra la puesta en funciones de esas fiscalías es también un estiletazo a la nueva instancia que tiene pocos adeptos en los sectores más conservadores de los tribunales.

La titular de la Casación ordinaria, María Laura Garrigós de Rébori, y presidente de Justicia Legítima, ayer respaldó a Gils Carbó cuando sostuvo que "hay un montón de fiscales que están diciendo que lo que hace Gils Carbó está bien. Ella no hace más que cumplir con la ley, como lo hicieron sus antecesores, que en su momento también hicieron lo mismo".

Esas guerras internas han quedado opacadas por los grandes protagonistas de la puja contra Gils Carbó, los fiscales Guillermo Marijuan y Germán Moldes cuyas atribuciones se verían reducidas. Se trata de conflictos poco lineales. Ayer los legisladores del oficialismo exhibían reproches contra Moldes a quien lo sindicaban como un enemigo de la procuradora. Sin embargo la influencia del fiscal ante la Cámara también está presente en la fiscalía de Federico Delgado en cuyos últimos dictámenes aparece el nombre de Ricardo Lorenzetti en una causa que, según la óptica de la Corte, tiene por finalidad dar letra al Gobierno para que avance sobre los fondos del máximo tribunal.

De hecho, Moldes habría exteriorizado alguna consulta que recibió sobre el accionar de Delgado pero que no habría tenido un final apacible. Su caso ilustra el de otros fiscales y magistrados que se han ganado reproches en ambas esquinas de la pelea que por estas horas domina la escena política.

En el oficialismo también anotaban ayer que en los anexos de dicha ley consta que las designaciones de fiscales podían realizarse una vez que el ministerio público fiscal cuente con el presupuesto. La reglamentación de la reforma no sería un requisito previo. El presupuesto de las fiscalías es un issue urticante en las conversaciones de la Corte Suprema porque son fondos que se incrementan a un ritmo más constante que el de los juzgados y que, en la óptica eficientista del máximo tribunal, no estarían bien gerenciados.