Confirman procesamiento de De Vido por tragedia de Once. A un paso de juicio oral

Para los jueces, el exfuncionario “conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por TBA”.

JUICIO. Julio De Vido, ahora a la espera del tribunal oral.

Como se había preanunciado, la Sala II de la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento y embargo por $600 millones contra el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido en la causa por la tragedia de Once, en la que murieron 52 personas tras el choque de un tren de la línea Sarmiento, en febrero de 2012.

De esa manera, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron lo dispuesto por el juez Claudio Bonadio y sostuvieron que "existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio".

Los delitos confirmados por el tribunal contra el actual legislador son estrago culposo y administración fraudulenta, la misma tipificación por la que fueron condenados funcionarios y empresarios en el juicio por la tragedia de Once, que derivó en un pedido del tribunal oral para que se investigue la responsabilidad penal de De Vido.

La Cámara también confirmó el procesamiento de Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), y dictó la falta de mérito de Silvia Emilse López, integrante del entramado societario vinculado a TBA.

El tribunal sostuvo que De Vido tenía bajo su órbita en el Ministerio de Planificación a la Secretaría de Transporte, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, organismos responsables de controlar el funcionamiento de TBA y que tenían "informes desfavorables" sobre la compañía.

"Mientras Trenes de Buenos Aires acumulaba sanciones por incumplimientos contractuales ininterrumpidamente desde el año 2000, otras empresas habían sido apartadas de la explotación del servicio por presentar un cuadro de incumplimientos temporalmente menor", resaltó la Cámara sobre el trato preferencial que De Vido le habría dado a la empresa.

"Pese a los múltiples informes desfavorables elevados por las diferentes áreas, fue recién el 28 de febrero de 2012 -luego de los acontecimientos que dieron inicio a estos actuados- que dictó la Resolución 199", que rescindió la concesión a TBA, a posteriori del choque de la formación. Resaltaron que ese oficio no hizo mención a incumplimientos anteriores y que en su actuación al frente de la cartera de Planificación tuvo una actuación más "diligente" en cuanto a los reclamos de la empresa por "reajuste" de subsidios que solicitaba al Estado. "Las conclusiones a las que arribó la Auditoría General de la Nación fueron contundentes en orden al estado deficitario en que se prestaba el servicio", citaron los camaristas en su resolución.

Es por eso que sumaron también informes negativos de organismos dependientes de su órbita, que también daban cuenta no solo de incumplimientos contractuales sino del constante deterioro en la prestación del servicio.

"De Vido, estando en conocimiento del modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio de transporte ferroviario por parte de Trenes de Buenos Aires SA, permitió que continuara la explotación, contribuyendo de tal forma al deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas", sentenciaron los magistrados de la Sala II, lo que aceleró el trámite para que el exfuncionario siga los pasos de sus subalternos que ya atravesaron la etapa de juicio oral.