Congreso activa combo de cupos judiciales y defensorías post 22-O

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Senado analiza el miércoles 25 un combo de pliegos. En tanto, dos comisiones bicamerales buscan consensos para solucionar olvidos K.

En medio de los tironeos que generará la negociación del pack económico-tributario entre oficialismo y oposición post 22-O, el Congreso acelerará la activación de un combo de cupos judiciales y de defensorías antes del 10 de diciembre, cuando se realice el recambio legislativo.

La comisión de Acuerdos del Senado que comanda el peronista "friendly" Rodolfo Urtubey continuará con las audiencias para analizar pliegos de diversos magistrados.

El 25 de octubre, tres días después de las elecciones, el cuerpo que preside el senador salteño recibirá en audiencia pública a ocho postulantes a juez nacional: dos del fuero laboral y cinco del criminal.

Como candidatos para juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal fueron propuestos Mónica Pinotti y Silvina Castro.

En tanto, para juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal aparecen nominados Alejandro Ferro, Marcos Fernández, Laura Bruniard, Ángeles Gómez Maiorano, Paula Petazzi y Darío Bonanno.

Por otro lado, la comisión tratará los pliegos de los designados fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Héctor Andrés Heim; del defensor público oficial ante el juzgado federal de primera instancia de General Pico (La Pampa), Gerardo Balog; y del defensor público oficial ante los juzgados en lo criminal y correccional y ante la cámara de apelaciones de Capital Federal, Gustavo Ariel Fernández.

Ayer, en tanto, la comisión bicameral del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Congreso aprobó el reglamento que regirá para el nombramiento por concurso del Defensor del niño, una figura vacante desde su creación hace 12 años.

"Con este reglamento es más transparente elegir el Defensor del niño Nacional que a un integrante de la Corte Suprema de Justicia. Estamos muy orgullosos del procedimiento de selección que combina dos criterios importantes: antecedentes e idoneidad", destacó Carrizo durante la reunión.

La legisladora radical además detalló que el cuerpo que comanda "logró en cinco meses sus objetivos: tener un reglamento, abrir el proceso de designación y garantizar el presupuesto para el funcionamiento del Defensor del Niño como institución, en 2018".

Una situación idéntica de ley votada por el kirchnerismo y plancha en su posterior aplicación por el Frente para la Victoria fue la constitución del Comité Contra la Tortura, que agilizó este año la senadora nacional del PRO Marta Varela, desde la bicameral de Defensoría del Pueblo.

El protocolo en cuestión fue ratificado por la Argentina en 2004 y quedó en stand-by tras una prolongada siesta de los tres gobiernos K -sólo se votó la ley en 2012-, tema que dio a conocer Ámbito Financiero el 11 de abril pasado.

La bicameral que comanda Varela también pisó el acelerador para definir al nuevo defensor del pueblo -representa a ciudadanos frente al Estado y a privados que prestan servicios públicos-, una insólita vacante que dejó el kirchnerismo desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. En su lugar asumió el adjunto Anselmo Sella, cuyo mandato venció a fines de 2013.

Anteayer se decidió poner el 26 del corriente mes como fecha límite para la inscripción de candidatos. Luego habrá negociación entre oficialismo y oposición, o podrán llegar hasta tres postulantes al recinto para su votación.

El listado de postulantes podría engrosarse post 22-O: los comicios dejarán heridos que, ante la imposibilidad de lograr retener una banca o lograr una de diputado o senador, aprovecharían la oportunidad para sumarse a la carrera por el cargo.

Para esta designación pueden llegar hasta tres candidatos al recinto, aunque el objetivo del oficialismo es consensuar con el peronismo "friendly" un paquete que también incluirá el recambio del procurador penitenciario general.

También quedará a la espera la resolución del futuro de la ayer procesada procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y de los pliegos restantes del Banco Central.

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