Congreso: con guiño K, buscan destituir a diputado de su banca

Alfredo Olmedo

Luego de la impugnación del diploma de diputado de Luis Patti por delitos de lesa humanidad, ahora el proceso de depuración de la Cámara de Diputados tendrá al salteño macrista Alfredo Olmedo como próximo objetivo. El centroizquierda de Proyecto Sur ya tiene listo un proyecto para reclamar la destitución del legislador nacional por presunta «inhabilidad moral sobreviniente» a partir de la denuncia de la AFIP por supuesto trabajo esclavo en un campo de su propiedad en La Rioja.

El proyecto, perteneciente a Victoria Donda, de Libres del Sur, agrupación que integra el bloque Proyecto Sur de Fernando Pino Solanas, será presentado ante la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento que preside el kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse. Allí se motorizó el proceso que terminó con la expulsión del exsubcomisario Patti, actualmente detenido en una clínica de Escobar.

Olmedo asumió la banca de diputado en 2009 y adquirió fama exprés a partir de un paquete de proyectos de ley que causó estupor en el arco progresista del Congreso: servicio militar obligatorio y rechazo enérgico al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante la falta de opciones de Mauricio Macri en Salta, se convirtió en candidato a gobernador de PRO, esponsoreado por Juan Carlos Romero, para enfrentar al actual mandatario, Juan Manuel Urtubey, y a Walter Wayar otro peronista avalado por la CGT de Hugo Moyano.

«Decidimos impulsar la destitución de Olmedo a partir de la denuncia sobre reducción a la servidumbre de unos 300 empleados en las 850 hectáreas que el diputado tiene en La Rioja. De todos modos, no debe ser el único diputado que se aprovecha del trabajo esclavo», se quejó ayer ante este diario Donda, quien preside la Comisión de Derechos Humanos en Diputados. Claudio Lozano, economista de la CTA y compañero de bloque de la legisladora de Libres del Sur, explicó además que «la idoneidad de un legislador nacional se define por su respeto a los derechos humanos, algo que Olmedo viola a través del prácticas como el trabajo esclavo». Aunque el diputado salteño -cuya familia domina miles de hectáreas de soja en el noroeste del país- aún no tiene una sentencia condenatoria firme en contra, el centroizquierda y el kirchnerismo ya tienen decidido avanzar en el proceso de remoción. En diálogo con este diario, contraatacó desde Salta: «No conocen la realidad. Lo que hizo la AFIP no tiene nada que ver con la denuncia mediática. Las fotos que salen publicadas no son de mi finca. Urtubey está nervioso porque voy a ser el próximo gobernador de la provincia».

Vargas Aignasse explicó ayer que apenas se inicie el período ordinario de sesiones el 1 de marzo, convocará a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para analizar el caso: «Tengo entendido que el pedido de Donda se basa en el artículo 66 de la Constitución nacional, donde se establece que la cámara puede remover a cualquiera de sus integrantes por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno». Desde Proyecto Sur, el diputado Lozano, precandidato a jefe de Gobierno porteño, invocó también el artículo 36 de la carta magna: «Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos».

El kirchnerismo olfateó la oportunidad política de embestir no solo contra el candidato de Mauricio Macri en Salta, sino también contra la falta de protección de los trabajadores rurales.