Congreso sube sueldos, pero no para los empleados en negro

Carlos Menem

No es un secreto que el Estado nacional (en mayor medida aún, los provinciales y municipales) utiliza las contrataciones de personal por fuera de las escalas laborales oficiales para evitar mayores subas en el gasto. Es lo que se conoce en el sector público como empleo en negro o no registrado. Hay partidas en la Administración Pública como las asignadas a Servicios No Personales o, en mucha mayor medida, la Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro, que se encargan de financiar contrataciones de todo tipo, que pasan desde altos contratos a gastos en personal disfrazados a rubros que hoy no pueden siquiera ser catalogados. En los últimos 30 años, evadir controles en esta materia se ha convertido en una especialidad para la administración pública.

Para Cristina de Kirchner, esto no es una novedad. De hecho, la Presidente prometió hace dos años un blanqueo del personal del Estado y hace poco insistió en que retomaría ese tema.

En el Congreso, tras la suba de más del 100% en las dietas de diputados y senadores, la regulación de los empleados volvió a estar en el centro de la escena.

Allí, bajo el concepto de servicios no personales se oculta normalmente una gama amplísima de contrataciones de todo tipo, entre las que están los empleados contratados por fuera de las escalas de permanentes o temporarios. En la Argentina, la moda en este caso, que excede ampliamente al Congreso, es la de tomar empleados a bajo salario que facturan como monotributistas.

Está claro que el resultado de estas contrataciones a bajo precio es la falta del pago real de aportes previsionales, lo que en castellano se llama evasión, y una baja considerable en la calidad de los asesores que contratan los bloques, algo que no parece preocupar en un Congreso que trabaja poco y nada.

Está claro también que el incremento del gasto no ha sido, hasta ahora, un problema que preocupe demasiado al Gobierno, De ahí que las contrataciones oficiales tampoco hayan pasado por un filtro demasiado exigente. Cada Ley de Presupuesto Nacional sigue conteniendo el precepto de austeridad inaugurado en el Gobierno de Carlos Menem por el que están prohibidos los incrementos de cargos en la administración, salvo algunas contadas excepciones y los escalafones más altos del Poder Ejecutivo.

De hecho, en el Presupuesto 2012 volvió a incluirse otro artículo que reza: «Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad».

La realidad indicó en los últimos 30 años ese precepto nunca se cumplió y siempre hubo «fundadas» razones para contratar personal.

Así, las plantas fueron creciendo y, curiosamente, comenzaron a primar sobre el empleo formal las variantes de contratados por servicios con sueldos no remunerativos. Aparece, entonces, nuevamente la famosa figura del Estado argentino como máximo pagador «en negro» del país.

En el Congreso, las partidas son más que claras. Para el ejecutado del ejercicio 2011 de Diputados aparece un total de $ 890.743.000 para gastos en personal, mientras que los Servicios No Personales son, por lejos, la segunda cuenta, con $ 87.304.000.

En el Senado, la proporción es similar: los gastos en personal suman $ 709.000.000, mientras que en Servicios

No Personales se registran $ 71.141.000.

Las curiosidades en el incremento del gasto suben si miran con detenimiento las diferencias entre el gasto autorizado en el Presupuesto original, que para el Poder Legislativo fue de $ 1.927,5 millones, con el monto final de los créditos al 18 de diciembre pasado, donde llegaron a $ 2.435,8 millones. Es decir que sólo en el Congreso hubo una suba del gasto en 2011 por diferencia entre la ley y lo real de $ 508 millones.