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Conmoción por matanza en Filipinas
La amenaza de que la masacre desate una espiral de venganzas llevó al Gobierno a declarar el estado de excepción en la provincia de Maguindanao por «el mayor acto de violencia sin sentido en los últimos tiempos», según lo calificó el asesor presidencial Jesús Dureza.
A media mañana, unos cien hombres armados secuestraron de treinta a cincuenta personas -entre ellas abogados de derechos humanos y a una decena de periodistas- que acudían a la oficina regional de la Comisión Electoral a presentar la candidatura a gobernador de Ibrahim Mangudadatu. Los sicarios introdujeron a sus rehenes en varios vehículos y a toda velocidad huyeron del lugar.
Poco después un grupo de soldados que salió en su persecución halló los cadáveres decapitados de trece mujeres y ocho hombres, incluidos la esposa y tres hermanos del político.
De inmediato, Mangudadatu responsabilizó al gobernador Andal Ampatuan, conocido en la zona como «El Padrino» y cuyo hijo Unsay estaba al mando de la operación de secuestro, según el teniente coronel Romeo Brawner, portavoz del Ejército filipino. Brawner añadió que varios secuestradores estaban empleados como escoltas y guardas de seguridad en el ejército privado de la familia Ampatuan, cuyo patriarca pretendía impedir que Mangudadatu se enfrentara a él en las elecciones del próximo mayo.
El militar señaló, además, que teme que haya más cuerpos sin vida enterrados cerca de donde encontraron los otros. Por su parte, el jefe de la Policía filipina, general Jesús Verzosa, anunció el inicio de una investigación y el despliegue de una unidad especial de agentes para capturar a los asesinos.
Desde hace años, los clanes Ampatuan y Mangudadatu están enzarzados en una disputa en la que hasta ahora se ha impuesto la familia del gobernador, que tiene cuatro mujeres en su calidad de «datu» o jefe tribal musulmán. Se teme que la violencia aumente a medida que se acercan los comicios legislativos de mayo de 2010.
Agencias EFE y ANSA


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