Continúa parada y tomada Kraft. Crece el conflicto

Rodolfo Daer

Kraft recurrirá a la Justicia por el conflicto que se desató en su planta de General Pacheco, a partir del despido de 160 trabajadores de la compañía. La ex Terrabusi buscará que el Poder Judicial avale el argumento según el cual el despido de unos 60 empleados de la comisión interna está justificado, y que por este motivo no es necesario reconocer la representación gremial y tampoco abonar indemnizaciones. Por su parte, la comisión interna mantiene la planta parada y tomada la maquinaria de las líneas de producción, con lo que Kraft sólo controla actualmente sus oficinas administrativas. Para esta semana, los trabajadores despedidos y varias agrupaciones de izquierda planean nuevas medidas de fuerza, que pueden incluir nuevos cortes en la autopista Panamericana.

«Estamos ante dos duros», reflexionaron este fin de semana dentro del Gobierno, al ser consultados sobre la evolución de este conflicto, que, paradójicamente no se inició por reclamos de incrementos de sueldos, sino por pedidos de mejoras en las condiciones de trabajo. La empresa no estaría dispuesta a negociar con los 60 empleados de la comisión despedidos.

«Antes de reincorporarlos, levantamos la planta», fue la frase con la que los representantes de Kraft explicaron al Gobierno su posición.

Cabotaje

Según la empresa, en dos oportunidades, estos empleados habrían saboteado las líneas de producción, dañando la maquinaria primero y desmantelando un depósito después. Kraft afirmó incluso que estos presuntos hechos de violencia estarían filmados y documentados y que serán enviados a la Justicia para avalar la posición de la compañía.

La visión de los dirigentes sindicales es diferente. Según éstos, todo se trata de una venganza puntual de la empresa y el sindicato de alimentación de Rodolfo Daer contra los representantes gremiales, ya que éstos pertenecerían a grupos de izquierda que actúan por fuera de la organización formal del hombre de la CGT. La comisión tiene el apoyo de Barrios de Pie y del Polo Obrero, y es tomada por la izquierda dura como un ejemplo de posible representatividad sindical por fuera de la estructura gremial que maneja Hugo Moyano. Sería un caso similar al de los trabajadores de subterráneos, donde los delegados de esta actividad buscan su independencia de la cegetista Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Según los integrantes de la comisión interna, «los despidos son una estrategia conjunta de Kraft y el sindicato para impedir el desarrollo de la izquierda en el sindicalismo argentino».

El conflicto está ya planteando también consecuencias entre los proveedores de la compañía. Si bien los pagos se mantienen al día, las empresas vinculadas a la ex Terrabusi están sufriendo una disminución en los pedidos de compras, en especial, los involucrados con el proceso productivo.

Además, Kraft tiene otro problema. Desde la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno se le está trabando la posibilidad de importar y cubrir parte de la demanda interna por esta vía, ya que se le mantiene también a la ex Terrabusi la imposibilidad de comprar mercadería del exterior si no se exporta por el mismo nivel.

Asambleas

El conflicto comenzó hace tres meses, cuando los trabajadores organizaron asambleas internas para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo y se intensificó a principios de julio, cuando se manifestaron frente a la planta para pedir medidas de prevención por la epidemia de la gripe A.

Ese mes, la empresa Kraft Foods decidió despedir a los 156 trabajadores, argumentando que fue como «consecuencia de una serie de paros intempestivos, bloqueo a las instalaciones administrativas y otras medidas de fuerza que impidieron el normal funcionamiento de la empresa».

Entre los despedidos se encuentran delegados sindicales, por lo que la empresa realizó presentaciones judiciales a fin de obtener su desafuero, como paso previo al despido efectivo, tal como lo marca la legislación nacional, argumentó Kraft. El Ministerio de Trabajo dictó, luego de las cesantías, la conciliación obligatoria, pero una vez transcurrido el plazo legal máximo decidió levantarla ante el estancamiento en las negociaciones.

Pedro López Matheu, director de Asuntos Corporativos de la empresa, aseguró que los despidos no se produjeron «por causa gremial». «Este conflicto se inició el 18 de agosto con una violenta manifestación dentro de la planta. Los despidos son por estos hechos de violencia e intimidación que la empresa no va a tolerar», afirmó. Aseguró, asimismo, que la compañía está «abierta al diálogo» y añadió: «Lo que no podemos aceptar es la imposición de condiciones».