• GOBIERNO METE PRESIÓN A LA CORTE PARA ACOTAR RECESO DE 45 DÍAS AL AÑO Comienzan negociaciones para desactivar lock-out judicial. Hoy, reunión de secretarios del fuero penal para definir plan. Defensa porteña del convenio.
“Progresivo”. La defensa oficial al convenio firmado entre Mauricio Macri y Horacio R. Larreta se basa en la gradualidad de su aplicación.
El Gobierno busca contra reloj conjurar la resistencia judicial que amenaza con paralizar tribunales a partir de febrero, luego de la firma de los convenios de traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, lo que despertó el malestar entre magistrados y empleados de tribunales. Por eso la frase que repiten como mantra para iniciar negociaciones subterráneas es la "progresividad" con la que se va a aplicar la decisión, lo que apunta a recortar las objeciones que han planteado los jueces y los sindicatos. En paralelo, Mauricio Macri bajó la orden de presionar para que la Corte Suprema adopte postura con respecto a la feria judicial y los 45 días inhábiles que el Poder Judicial declama como derecho adquirido pero que suspenden actividades durante todo enero y dos semanas en el invierno. Los últimos sondeos de opinión que recibió la Casa Rosada dan cuenta de una creciente percepción negativa sobre la actividad de la Justicia, lo que para el oficialismo justifica abrir un nuevo frente de conflicto sobre el que hará énfasis.
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Luego de que Ámbito Financiero detallara la estrategia de los gremios del fuero penal para replicar asambleas en el Palacio de Tribunales a partir del 1 de febrero, ayer varios jueces comenzaron a evaluar la anulación de los convenios firmados por Macri y Horacio Rodríguez Larreta por vía judicial. El argumento central será que se incluyó a los ministerios públicos en la movida que son órganos autónomos, lo que implica que fiscales y defensores también comiencen a migrar y salgan de las estructuras que hoy comandan Alejandra Gils Carbó y Stella Maris Martínez. Hoy habrá una reunión entre secretarios del fuero penal para pulir la táctica. En la discusión se coló el tema de la feria como un motivo más sobre el que si los judiciales se muestran permisivos a aceptar un cambio de régimen luego no podrán contrarrestar lo que perciben como una avanzada oficial en su contra para el "desguace" de los tribunales nacionales. En Gobierno tiraron sobre la mesa el tema apuntalados por encuestas de opinión sobre el rol institucional que se le asigna al Poder Judicial. Los resultados fueron negativos en torno de la percepción sobre privilegios versus efectividad. Los abogados, a través del Colegio Público de la Capital Federal, se sumaron al rechazo de la modificación, algo que hace crujir alianzas internas del propio oficialismo con referentes de la matrícula. El vicepresidente del Colegio es Daniel Angelici.
Apoyos al traspaso
En sentido contrario a la queja, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) celebraron la firma del traspaso, en cumplimiento con la manda constitucional largamente demorada. Lo calificaron como un "gran avance" en pos de la autonomía porteña. Resaltaron el mensaje de la Corte en el precedente "Corrales" del 9 de diciembre de 2015 cuando el máximo tribunal se refirió -en rigor en lo que se conoce como un interdicto firmado por Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda- a la necesidad de garantizarle a la Ciudad una Justicia propia. "No hay motivos que ameriten seguir postergando el traspaso de la Justicia nacional. Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a ser juzgados por sus propias autoridades", resaltaron tres de las principales ONG del derecho, en sintonía con la postura oficial al exhortar a la Legislatura y al Congreso para que aprueben los convenios firmados el jueces 19. El subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, replicó varias de las objeciones sobre las que se apoyan gremios y magistrados para su resistencia. Sobre la transferencia de delitos contra la administración pública de funcionarios porteños que serán juzgados por los nuevos jueces, sostuvo: "No se entiende la objeción. Así sucede en cualquier provincia. Los funcionarios cordobeses son investigados por jueces cordobeses, salvo que incurran en delitos de jurisdicción federal". En relación al pase de fiscales, el funcionario resaltó que los ministerios públicos "son autónomos respecto del Poder Ejecutivo pero no del poder constituyente" y consideró "natural" que si se transfieren juzgados como indica la Constitución local, sean acompañados por sus fiscalías y defensorías. También desestimó que haya riesgos con la estabilidad de los jueces. "En cuanto a las mayorías necesarias para la remoción, la del Jurado local es calificada, porque requiere al menos un voto del estamento judicial", dijo al resaltar que los organismos disciplinarios locales tienen una composición fijada por la Constitución local, a diferencia del Consejo de Nación.
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