16 de enero 2012 - 00:00

Control a las importaciones ya refuerza vuelos de Fuerza Aérea

Nilda Garré, Arturo Puricelli
Nilda Garré, Arturo Puricelli
La decisión del Gobierno nacional de intensificar el control a las importaciones que supervisará el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, apuró el redespliegue de aviones de la Fuerza Aérea para combatir vuelos ilegales.

La primera misión del nuevo comandante operacional conjunto, brigadier mayor Humberto Trisano, es continuar con las tareas de vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera norte del país, previstas en el Plan Escudo del Norte.

Este plan, lanzado en julio de 2011 por el Ministerio de Seguridad de Nilda Garré, del que participa también Defensa, de Arturo Puricelli, con su operativo Fortín, tiene el objetivo de combatir el tráfico de drogas, el contrabando y la trata de personas. El aviador sabe de qué se trata, fue piloto del Grupo Aéreo de la Presidencia, un destino que afina el olfato a las urgencias políticas.

Es un axioma en la economía informal que cuando el Estado endurece los controles y las prohibiciones a la circulación de productos, mercaderías, divisas o cualquier otro valor, el delito nutre al mercado negro. La historia tiene ejemplos emblemáticos: la Ley Seca (prohibición de producir, vender y transportar bebidas alcohólicas) en los Estados Unidos alimentó la industria clandestina.

Evaluación

Fuentes de inteligencia del Estado Mayor Conjunto y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Ricardo Echegaray evaluaron que el ambiente de mayor control estatal podría animar a la delincuencia a introducir mercaderías de gran demanda y fácil reducción, entre ellos, cigarrillos, repuestos y artículos electrónicos.

En la pista del aeropuerto de Resistencia, Chaco, cinco aviones cazabom-barderos A4-AR Fightinghawks de la Fuerza Aérea están en alerta desde ayer para la interceptación de vuelos ilegales. Reemplazaron en la tarea a una sección de IA-58 Pucarás, que cubrían la guardia en la base aérea de Reconquista, Santa Fe.

El 30 de diciembre de 2011 Cristina de Kirchner prorrogó por decreto las tareas de «vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste» del país previstas en el Plan Escudo del Norte hasta el 31 de diciembre de 2012.

La norma extendió por un año más las operaciones de las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura y Policías provinciales) en coordinación con efectivos de las Fuerzas Armadas afectados al operativo Fortín que supervisa el brigadier Trisano.

Ríos

Se ordenó a la Prefectura incrementar el patrullaje fluvial, efectuar controles durante las 24 horas a embarcaciones que naveguen en los ríos fronterizos e interiores dentro de la región noreste (coordinando con la AFIP); a la Fuerza Aérea, saturar el espacio aéreo con vigilancia radar; y a la Gendarmería, redoblar los controles en los puestos fronterizos, puertos y aeropuertos zonales.

El protocolo que siguen los aviadores establece, entre otros procedimientos, aproximación desde atrás para no ser vistos, tomar fotos del avión intruso, registrar su matrícula, luego mediante señas de interpretación internacional se le pide identificarse, en algunas oportunidades se le muestra de cabina a cabina un cartel con la frecuencia 12,5 Mhz, en la que el piloto interceptado debe colocar su radio para recibir instrucciones. El paraguas de detección está cubierto por cuatro radares tridimensionales (proveen altura, orientación y distancia de los aviones) ubicados en Resistencia (Chaco), Santiago del Estero, Posadas (Misiones) y Las Lomitas (Formosa).

Sea por acto reflejo o para evitar que el delito derrame en su territorio, los trasandinos también blindaron el control fronterizo. El ministro de Defensa, Andrés Allamand; y su par de Interior, Rodrigo Hinzpeter, lanzaron el plan Frontera Norte, que abarca los 950 kilómetros limítrofes con Perú y Bolivia, además de los 380 kilómetros con la Argentina, que incluye a las regiones de Arica y Parinacota (XV), Tarapacá (I) y Antofagasta (II). El plan, según información oficial chilena, demandará una inversión superior a los 70 millones de dólares, a la que sumarán 10 millones para llevar a cabo operaciones de inteligencia.

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