25 de enero 2016 - 00:00

Coparticipación: la Corte, primera escala de reclamo

Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Rogelio Frigerio
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Rogelio Frigerio
La discusión por los fondos de coparticipación federal se instalará nuevamente en la Corte Suprema de Justicia cuando gobernadores e intendentes presenten sus reclamos contra el Gobierno y sus recientes disposiciones en esta cuestión.

Esta querella se instaló en las cumbres peronistas del fin de semana. No sólo es una cuestión económica sino que lo allí conversado repercutirá en el examen que los candidatos del Gobierno a la Corte deben atravesar en el Senado. En este sentido Horacio Rosatti tiene su ventaja porque ha escrito largos artículos sobre la federalización de los recursos en favor de las administraciones provinciales.

Las conversaciones entre los gobernadores y la constelación de abogados que siempre atienden al peronismo en la Justicia dieron por resultado una táctica que consistirá en plantear la demanda dentro del derecho financiero y no así del tributario, que es el escenario en el cual el Gobierno plantea la cuestión por decisión del ministro Rogelio Frigerio.

El derecho tributario es una especialización del derecho financiero. La limitación a los DNU y a los decretos delegados por el Congreso alcanza sólo al derecho tributario y no a las otras ramas del derecho financiero. La jurisprudencia ha avalado innovaciones en carácter tributarios pero sólo de forma transitoria, por ejemplo en las leyes de presupuesto. El decreto presidencial se formuló de modo permanente.


Además, las leyes del derecho tributario comienzan por la Cámara de Diputados, pero las referidas a la coparticipación (como será la norma a discutir a futuro) lo hacen en la de Senadores, donde la liga de gobernadores tiene sus mayores activos.

En el staff presidencial ya dan por descontado un escenario de litigiosidad porque anoche llegaron mensajes de gobernadores en los cuales se descartaba cualquier cuarto intermedio en la negociación por los fondos coparticipables (15% de los impuestos de dicho carácter). De no cumplirse el pedido, el caso viaja sin escalas a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, donde actualmente reporta José Irigaray. Este funcionario está cerca de jubilarse. Quien ocupe su lugar será el primer receptor de este caso. Por eso será interesante observar cuál de los ministros (los tres actuales o ya los cinco previstos) incide en la cobertura de ese despacho.

Los últimos fallos de la Corte referidos a coparticipación destacan en sus apartados el espíritu de la reforma constitucional de 1994 que insta a un mayor federalismo. Además la Constitución contempla en sus cláusulas transitorias que el Ejecutivo puede modificar aspectos de la coparticipación pero nunca en detrimento de las provincias.

El fin de semana el constitucionalista Alberto García Lema acercó otro antecedente a algunos de los comensales de Santa Teresita. Meses atrás la Corte le concedió a la Municipalidad de Jujuy el derecho de reclamar fondos de la coparticipación. Según la lectura, ese fallo habilita que los intendentes del Conurbano desembarquen con reclamos en el máximo tribunal.

Así como las restricciones al mercado cambiario fueron el tema más inquietante para el kirchnerismo en su fase final por el temor a un fallo cortesano que fulminara el cepo cambiario, ahora el macrismo traslada la tensión a cuestiones de coparticipación federal.

Se reedita de este modo el conflicto de fin de año generado por el fallo de la Corte a favor del reclamo formulado por San Luis. Firmaron a favor de lo requerido por la provincia Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, que ya dejó el tribunal. Elena Highton de Nolasco no se plegó a esa decisión.

Este antecedente es valioso si se considera el escenario de un virtual ascenso de Rosatti y Carlos Rosenkrantz al máximo tribunal, especialmente si se calcula que Rosatti es el candidato más identificado con el peronismo. De permanecer las posiciones de diciembre, una vez más, Lorenzetti podría ser el árbitro de una cuestión decisiva para el rumbo económico.

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