Córdoba retoma plan para limitar huelgas

El peronismo alineado con el mandatario José Manuel de la Sota presentó el pasado viernes en la Legislatura un proyecto de ley que busca limitar los paros en Córdoba para garantizar la prestación de servicios "esenciales", con "guardias mínimas", en los sectores de la salud, la seguridad, la Justicia, el transporte, la higiene urbana y la educación.

La estrategia se dio pocas horas después de que el Gobierno del bonaerense Daniel Scioli -en boca del vicegobernador Gabriel Mariotto- anticipara la decisión de declarar a la educación como "servicio esencial" para domar las huelgas, en medio de una salvaje parálisis que impide el retorno a clases desde el 5 de marzo (ver aparte).

En ambos distritos, previsiblemente, el rechazo de los gremios no se hizo esperar.

En sintonía, en Misiones, la diputada renovadora Noelia Leyría presentó un proyecto de reforma de la Constitución local para consagrar a la educación como servicio público esencial.

En esa línea, el diputado nacional cordobés Diego Mestre (UCR) promovió en el Congreso considerar bajo esa categoría al transporte de pasajeros y a la seguridad, horas antes del duro paro de colectivos del viernes en Buenos Aires. Y la propia Cristina de Kirchner alentó una limitación de las protestas sociales en su discurso del pasado 1 de marzo ante el Parlamento.

Hay además antecedentes en la materia en el ámbito provincial. Por caso, entró en vigencia en Neuquén en 2010 -tras virulentos 32 días de huelga- un decreto del gobernador Jorge Sapag (respaldado luego por la Legislatura) que define a la educación como servicio público esencial y determina la obligatoriedad de guardias mínimas de al menos 50% del personal para el dictado de clases en caso de medidas de fuerza.

En las últimas semanas, un nutrido ramillete de gobernadores -con Scioli a la cabeza- intentó consensuar estrategias para pararse frente a las estocadas gremiales, sobre todo tras el zarpazo que les significó la cadena de motines policiales de diciembre, que los obligó a conceder incrementos de sueldo que desequilibraron las finanzas.

En esa línea, intentaron promover un tope del 25% escalonado anual para los incrementos de salarios, hasta ahora sin éxito.

En este marco, en Córdoba ingresó al Parlamento el proyecto garantías para el acceso a los servicios esenciales, del titular de la Legislatura, Oscar González; el líder del bloque oficial Sergio Busso y el vice del cuerpo, Carlos Gutiérrez.

Entre otros ejes, la iniciativa -que tuvo un primer avance, abortado luego, semanas atrás- determina que no pueden desplegar medidas de acción directa ni funcionarios, ni legisladores ni policías, y que las protestas deben ser anunciadas con 5 días de anticipación, bajo penas de hasta 30 días de arresto. "No es cortar el derecho a huelga, sino garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a tener los servicios", argumentó González. Los gremios mediterráneos se apresuraron a cuestionar el proyecto y, en esa línea, emanará hoy un documento crítico de las dos CGT de Córdoba. "Será una discusión inútil, porque las provincias no pueden legislar sobre el derecho a la huelga", cuestionó, por caso, el titular de la docente UEPC, Juan Monserrat.