“Corralito”: reabren una causa contra banqueros

La Cámara Federal porteña reabrió ayer una causa penal por el "corralito" de 2001 al revocar el sobreseimiento de un grupo de banqueros y disponer que se complete la pesquisa para analizar la totalidad de las hipótesis referidas a los motivos por los cuales los bancos se vieron impedidos de honrar los compromisos adquiridos con los ahorristas.

En ese sentido, la Sala II dejó la existencia de "falta de mérito", debido a que no existen en la causa las pruebas suficientes para sobreseer ni para procesar a ejecutivos y responsables de los bancos.

La decisión recayó sobre los directivos bancarios Carlos González Taboada y José Dagnino Pastore, del banco Sudameris; Juan Manuel Sacerdote y Víctor Zerbino, del BankBoston; José Cristofani, del Río; Peter Baumman y Henry Gibbs, del Citibank; Alan Roderic McDonald, por el Scotiabank, y Eduardo Escasany y Antonio Garcés, del Galicia.

Los camaristas revocaron una resolución del juez Norberto Oyarbide, quien había sobreseído a todos y cerrado la causa abierta hace once años en el juzgado de instrucción en lo criminal del exjuez Mariano Bergés y luego derivada al fuero federal.

"Lejos de haberse concluido la pesquisa, resta completarla de manera de analizar la totalidad de las hipótesis planteadas, las cuales no tienen razón para desplazarse entre sí, antes bien, su sumatoria parece necesaria a efectos de encaminar adecuadamente la investigación y responder con sustento probatorio suficiente los interrogantes que aquella todavía no ha despejado", argumentaron los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.

El cierre de la causa había sido apelado por los abogados querellantes Carlos Wiater y Fernando Sznurewicz, quienes patrocinan a unos 1.500 ahorristas que no pudieron recuperar sus dólares de los bancos.

Ahora el juez federal Sebastián Casanello deberá ordenar nuevas medidas de prueba y un peritaje contable, según dispuso la cámara.

Los magistrados dispusieron que, entre otras medidas, el nuevo juez del caso produzca prueba para determinar si la adquisición de títulos públicos con reservas -registradas a valor nominal cuando su cotización en plaza era mucho menor ante el temor de una entrada en cesación de pagos- fue uno de los motivos que impidieron a los bancos "responder a sus compromisos".