Corte arranca con jubilaciones

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, encabezará mañana el acto de apertura del «año judicial», que estará signado por fallos pendientes en temas sensibles como el previsional, la problemática ambiental, la resolución del caso Herrera Noble y los puntos frenados de la ley de Medios, entre otros. Pero también será un ciclo cruzado por la campaña electoral, por lo que algunos analistas dijeron que será un año de cautela en el máximo tribunal.

El acto de apertura se concretará a partir de las 12 en el salón de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Lorenzetti tiene previsto realizar un anuncio vinculado a la agilización de las causas por reajuste haberes jubilatorios, uno de los temas en los que la Corte le marcó la agenda al Gobierno en los últimos años.

En el área previsional, la Corte prevé resolver este año tres o cuatro fallos pendientes que irán en la misma línea directriz que aplicó en el caso Badaro, cuando ordenó elevar un 88,6% los haberes jubilatorios en un caso puntual. Esas resoluciones y las que les siguieron obligaron al Gobierno a avanzar en la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, que dispone dos ajustes anuales sobre los haberes. Sin embargo, en el tribunal descartaron la resolución de una «acción de clase», es decir, un fallo que tuviera alcance sobre todos los demandantes por ajustes previsionales. En este punto, la Corte mantendrá la premisa de fallar caso por caso para no poner en apuros al Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo de la Nación había presentado una acción colectiva de estas características para la actualización de los haberes de todos los jubilados. «La solución deberá ser política, no jurídica», destacaron para dar por tierra un fallo de ese estilo.

Uno de los primeros temas a los que se abocará el máximo tribunal este año será el del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para la tercera semana de marzo será convocada la primera de una serie de audiencias públicas para verificar el avance de las obras. En el fallo «Mendoza», la Corte había emplazado a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a disponer un cronograma agilizado para las tareas de saneamiento.

Respecto de la situación de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, la Corte desestimó la semana pasada tres planteos de sus defensores que apuntaban a objetar la constitucionalidad del Banco Nacional de Datos Genéticos y a prevenirse de eventuales nuevas causas con el mismo origen: establecer si son hijos de desaparecidos durante la última dictadura.

Se prevé que en este caso la jueza Sandra Arroyo Salgado volverá a pedir la extracción compulsiva de sangre o material genético de los hermanos para su cotejo con el Banco de Datos. También se especula que un pedido renovado activará todos los mecanismos burocráticos del proceso judicial, lo que podría llevar la resolución definitiva del caso a 2012, por lo menos.

En cuanto a la aplicación efectiva de la ley de medios en todos sus artículos, la Corte no apurará este año una definición. Sí lo hará, en caso de llegar a esa instancia, para garantizar la validez de los cambios en la grilla de la televisión por cable resueltos por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero acerca del tema más sensible para el Gobierno a la ley de medios sobre el plazo de un año para la desinversión de los grupos multimedia, algunos ministros de la Corte dejaron trascender que se trata de un período exiguo que podría ser extendido.

También habrá que prestar atención a nuevos fallos respecto de los criterios de libertad sindical en la Argentina. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su Comisión de Expertos, le volvió a advertir la semana pasada al Gobierno que será necesaria una readecuación de la ley de Asociaciones Sindicales y una pronta definición respecto del pedido de personería gremial presentado por la CTA. En sus fallos de los últimos años, la Corte reforzó la línea de la OIT en cuanto a ampliar los derechos de las asociaciones gremiales simplemente inscriptas (sin la personería con la que cuentan las alineadas en la CGT) y de sus delegados.

Con la vista puesta en las elecciones de octubre, en la Corte dijeron que «no habrá que esperar este año una catarata de fallos de enorme impacto político institucional». Por caso, el tribunal no tiene en su agenda pendiente de resolución ninguna causa relacionada con la nueva ley electoral ni con la validez o no de las listas colectoras, el tema que mantiene en vilo al peronismo bonaerense.