Corte, meca de la oposición: más reclamos

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La Corte Suprema de Justicia se convirtió este año en la meca de la oposición. Radicales, macristas, lilitos y peronistas disidentes, incluyendo medio Senado, peregrinaron al máximo tribunal como último recurso en sus disputas con el kirchnerismo. Ayer, fue el turno de Jorge Busti y Felipe Solá, quienes realizaron una presentación judicial para reclamar un reparto más equitativo de los fondos coparticipables a las provincias. Pero el PRO y la Coalición Cívica también acudieron a la Corte para trabar el pago de deuda con reservas.

La última instancia del Poder Judicial parece haber reemplazado así a la Conferencia Episcopal de Jorge Ber-goglio como reserva institucional del país. Desde el inicio del Gobierno de Néstor Kirchner y hasta el conflicto con el campo por las retenciones móviles, los partidos opositores apelaban a la Iglesia como único denominador común contra el matrimonio presidencial. Luego de seis años en el poder, hoy ese rol es ocupado por la Corte Suprema, un poder del Estado capaz de limitar fácticamente, más allá de las condenas celestiales, a la Casa Rosada.

La semana pasada, y con el Congreso ya en receso estival, la UCR, la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo disidente alcanzaron el quórum propio en el séptimo piso del Palacio de Tribunales donde funciona el máximo tribunal. Allí, 35 senadores de 21 provincias, a los que más tarde se sumaron los pampeanos Carlos Verna y María Higonet, fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, para presentar un escrito en calidad de amicus curiae reclamando «el derecho de expresarnos en todas aquellas causas que se tramiten ante ese máximo tribunal donde se dirimen asuntos que versen sobre el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y cuestiones federales en materia de distribución de recursos entre el Estado nacional y los Estados provinciales».La Corte, lejos de espantarse por el magnetismo que genera en la oposición, alentó las presentaciones. «Le hace bien a la sociedad el diálogo entre los poderes Judicial y Legislativo. No estamos haciendo nada que pueda ser censurable», fueron las palabras de Lorenzetti.

Agenda propia

Más allá de las maniobras opositoras en torno a la Corte Suprema, el alto tribunal tiene su propia agenda con fallos pendientes que desvelan al Ejecutivo: la constitucionalidad de la nueva ley de medios, la polémica con Aníbal Fernández por el incumplimiento de una sentencia en el conflicto del gremio de aeronavegantes alimentan el escenario de guerra intrapoderes, el incumplimiento de parte del Gobierno del fallo sobre libertad sindical, la restitución del procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa, despedido por Néstor Kirchner, la orden para que Luis Patti asuma su banca de diputado electo, la limpieza del Riachuelo, y hasta el reajuste previsional.

También esta semana ingresó a la Corte una demanda del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, para bloquear el pago de deuda con reservas del Banco Central.

Ayer fue el turno del ex gobernador de Entre Ríos y actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, Jorge Busti, quien acompañado por Solá denunció que el porcentaje de distribución de los fondos coparticipables es el más bajo desde 1974 y agregó que es «absolutamente ilegal e ilegítimo» que se siga aplicando el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992.

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