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Corte: pasatiempo para el Senado en marzo caliente
Miguel Pichetto
El proceso se inició el viernes pasado cuando ingresó el pliego de Carlés para pedir el acuerdo y en el kirchnerismo ya existen broncas. Se sabe que el oficialismo no tendrá el número, los dos tercios del recinto, para aprobar el reemplazo de Zaffaroni y menos con un candidatos que viene cuestionado desde el inicio.
El Gobierno quiere mostrar manejo de agenda en el Congreso, algo que hizo todo el año pasado en medio de crisis varias, y de ahí que inicia igual el proceso. "Hay que dar batalla, pero ellos saben que el cuerpo lo pone el Senado", se quejan en el bloque kirchnerista sobre la decisión de arrancar en este momento con un debate árido y perdido desde el inicio, como es el caso de Carlés.
El debate viene para largo y, de hecho, no hay forma de apurarlo demasiado. El reglamento para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, tanto el fijado en el decreto 222 firmado por Néstor Kirchner, como el del Senado, fija plazos y actos imposibles de adelantar.
Además, para que comience el proceso con la nominación, el plazo para presentar impugnaciones, la audiencia pública con la presentación del candidato, el dictamen y el voto en el recinto, hará falta antes que el Senado sesione. Miguel Pichetto quiere que esta semana el recinto funcione al menos para dar ingreso al pliego de Carlés y arrancar con el debate que, si la oposición se mantiene en su lugar a la hora de votar, debería terminar con un rechazo al pliego por falta de los dos tercios necesarios para la ratificación. Así, una vez que el pliego sea ingresado formalmente, debe ser debatido en la Comisión de Acuerdos presidida por el kirchnerista salteño Rodolfo Urtubey y donde el oficialismo tiene 9 de los 17 integrantes.
La Comisión deberá abrir un registro de observaciones y convocar a una audiencia pública en un plazo no menor a 15 días hábiles, período en el cual cualquier persona puede presentar preguntas para que el candidato las responda junto a las que le hagan los senadores.
Según un relevamiento realizado por el Ministerio de Justicia, de las 47 entidades requeridas para que opinen sobre la postulación, nueve estuvieron a favor de la designación de Carlés, en tanto que ocho lo hicieron en contra, cinco contestaron pero no se expidieron sobre la consulta y 25 no respondieron.
En los fundamentos de la designación que el viernes envió el Ejecutivo al Senado figuran adhesiones como la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
Asimismo, el Ejecutivo menciona que algunas de las impugnaciones se basaron en la juventud de Carlés (tiene 33 años) o en sus ideas políticas, lo que para el Gobierno "no afectarían en modo alguno su idoneidad" para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia.
