Corte: señal a las provincias con petróleo

La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de un decreto de la Subsecretaría de Combustible emitido en 2008 que regulaba las regalías petroleras. De modo unánime el máximo tribunal entendió que esa disposición no consideraba el valor de comercialización del producto. El caso llegó a la Corte a partir de un reclamo empresarial contra la provincia de Chubut. La sentencia es más importante por su forma que por el fondo, ya que marca un precedente respecto de otros casos similares que tramitan en el cuarto piso y que afectan a provincias petroleras.

La demanda señalaba una inconsistencia entre la resolución del Gobierno y la Ley 17.319, que sostiene que las regalías varían según el precio de venta del petróleo. Los ministros apelaron al principio de que las resoluciones ministeriales no pueden estar por encima de las leyes nacionales porque éstas tienen supremacía.

La decisión de los justices es un guiño al sector privado y se ensambla con otras cuestiones de tinte económico que han sido resueltas por la Corte y que el mercado ha celebrado. Además, contribuye con el permanente equilibrio que esgrime Ricardo Lorenzetti respecto de los temas que tratan los ministros: la Corte venía de fallar contra Petrobras en un reclamo de esta firma contra La Pampa.

Para tener en cuenta: el decreto anulado por el tribunal fue emitido en 2008, cuando el crudo alcanzó picos históricos. El oficialismo intervino con el objetivo de que el aumento de los combustibles no significara un incremento sideral de la nafta y por tanto de los niveles inflacionarios. Actualmente los precios se han derrumbado y el monto que aparece en la demanda es ínfimo aun cuando se realiza el ejercicio de actualizarlo. El contexto mismo de la economía superó al decreto gubernamental. Por eso, la letra del fallo no tiene el valor que encierra la música, a semanas de un cambio en la administración.

Lejos de las pulsiones políticas, la Corte expone una agenda económica que lleva a repensar en el Gobierno esa tesis que dice que la vacante de Eugenio Zaffaroni no debería ser cubierta por un penalista, sino por un experto en temas de derecho público que resguarde diversas reformas aplicadas durante las últimas dos administraciones.

Esta perspectiva se sostendrá en los primeros meses de 2016 con cuestiones decisivas que afectarán el debate económico. La Corte todavía no se ha expedido en profundidad sobre el cepo cambiario.