Crisis amaina. La saga inmobiliaria, no

José Siaba Serrate

El año 2010 es demasiado importante como para no limpiar el terreno de antemano. La elección de mitad de período -en noviembre próximo- será un examen vital para la administración Obama, pero aún más decisivo para quienes defienden una banca en el Congreso. La planificación de un paso exitoso exige una intensa tarea de acciones tempranas.

De ahí, este ajetreo de fin de año en frentes de lo más diversos. Desde la aprobación contra reloj de sendos proyectos de reforma de salud en ambas Cámaras hasta la urgencia de los grandes bancos todavía convalecientes -incluyendo a Bank of America, Citigroup y Wells Fargo- por repagar antes de tiempo la asistencia recibida del Gobierno (el plan TARP). Hay un conflicto de agenda que mece la cuna con un frenesí no habitual para la época del año. La bitácora presidencial choca con las preferencias de la opinión pública y las derrotas en los comicios de gobernador en Virginia y Nueva Jersey demostraron que el carisma de Barack Obama ya no obra milagros. La reforma sanitaria, por caso, es el buque insignia de la plataforma oficial pero, ante los ojos de la población, escoró peligrosamente. Si no se la remolca a puerto con rapidez, se hundirá sin gloria con el riesgo de arrastrar consigo el predicamento de toda la gestión remanente de gobierno.

Si hasta junio la reforma concitaba el apoyo de una mayoría, con un rechazo de no más del 40% de la opinión pública, hoy la desaprueba el 53%, según una compilación de sondeos (y las adhesiones no alcanzan al 41%). Comprensiblemente, el presidente no está dispuesto a arriar una bandera emblemática aunque se convierta en un hierro caliente que lacera su propia imagen.

Dos semanas atrás, Karl Rove -el estratega de su inefable predecesor, George Bush Jr.- se regodeaba en remarcar que Obama es el mandatario con peor saldo en las encuestas de opinión pública al cabo de su primer año. Hoy los resultados son más desalentadores: no sólo perdió el consenso mayoritario, la pendiente de su declive ya inclinó la balanza (48,7%/47%) a favor de quienes lo rechazan.

En la adversidad, la reforma sanitaria exige una estrategia relámpago. Así, ya se obtuvo la aprobación de sendos proyectos en cada una de las Cámaras. Resta aún la faena de fundirlos en una versión definitiva (limando controversias como el aumento de impuestos o la existencia de una opción pública de cobertura). La blitzkreig busca adelantar el trabajo sucio porque los legisladores no querrán inmolarse cuando avance la campaña electoral. Su objetivo es que la reforma se concrete a más tardar a fin de enero, cuando el presidente se pronuncie sobre el Estado de la Unión. Tendrá que batallar duro porque los deseos de Obama distan de ser órdenes. Su voluntad de aumentar en u$s 2.000 el tope de la deuda pública (para evitar una nueva discusión antes de las elecciones) logró apenas una ampliación de u$s 290.000 millones que se agotará antes de terminar febrero.

La agenda presidencial debe resolver pronto los temas conflictivos para poder mimetizarse luego con las demandas de la población. En ese sentido, nada más corrosivo que la destrucción sistemática de empleo. Y Obama ya se montó al problema. Impulsa, como paliativo, un paquete laboral que debería hallar un paso expedito por el Congreso. Se prefirió para eso una arquitectura abierta cuyo contenido específico surja de la propia negociación en las Cámaras. La clave aquí pasa por la financiación de las medidas. De ahí, la presión sobre los bancos para que anticipen el repago de los recursos del TARP. Recuperar los fondos facilitados -y, de ser posible, con una ganancia- para repasarlos, por ejemplo, al crédito a las pequeñas empresas es una proposición que no viola el espíritu original del programa y sintoniza a pleno con las necesidades de la política.

¿No se corre un riesgo al urgir a los bancos a una devolución prematura de los fondos públicos? Si 2010 depara un coletazo, y vuelven a necesitarse, ¿habrá quórum para una nueva inyección de recursos? ¿Qué político lo apoyaría en plena campaña electoral? No es una cuestión retórica. Este año hubo que liquidar 140 bancos. La experiencia indica que un número más alto sucumbirá el próximo. Las dificultades existen para todos, sólo que las entidades pequeñas se derrumban bajo su peso y los bancos que son demasiado grandes para caer requieren un mayor sostén público. La misma razón que se esgrime para la vigencia de las políticas de estímulo -cubrir la eventualidad de una recaída- aconsejaría preservar el andamiaje del apoyo oficial. O sea, el riesgo de un sobresalto existe. Pero el cálculo político decidió asumirlo igual.

Ese mismo cálculo político ya entendió que donde no hay márgenes para ensayar una retirada es con las agencias hipotecarias. Mientras los bancos devuelven el TARP y toman distancia, el Gobierno se abraza más a Fannie Mae y Freddie Mac. Intervenidas desde setiembre de 2008, ambas tenían acceso a una línea de crédito individual del Tesoro por 200 mil millones de dólares. Al tercer trimestre, Fannie usó 51 mil millones y Freddie, u$s 60.000 millones.

En la víspera de Navidad, aprovechando el mutis del feriado largo, el Gobierno dispuso remover los topes máximos por los próximos tres años. Capitalizará a las agencias cuantas veces sea necesario. Sin límite de monto. La crisis amainó pero la saga inmobiliaria continúa. Y la cruz más pesada no son los bancos, aunque todavía convalezcan y su crédito se recorte, sino las agencias hipotecarias (incluyendo las garantías de la Administración Federal de la Vivienda). Pensando en 2010, el anuncio ya está hecho. Lo que resta es redoblar los desembolsos.

Por fortuna para Obama, hundir recursos en las agencias no es lo mismo que arrimar una moneda a los bancos. No genera revuelo en la población. Y el Congreso prefirió siempre no hacer olas. A diferencia de los bancos, aquí no tiene chivos expiatorios. Ni Bernanke ni la Fed. De sus males, no puede culpar a nadie más que a sí mismo.