Lima - Cientos de militares y policías peruanos intensificaron ayer la búsqueda de un grupo de 43 personas que trabajan para operadoras y proveedores de la explotación de gas Camisea, y que fueron secuestradas el lunes, supuestamente por la organización terrorista Sendero Luminoso, en la localidad de Echarate, provincia de La Convención, departamento de Cusco. El Gobierno de Ollanta Humala decretó además el estado de excepción en la provincia cuzqueña de La Convención. La medida se prolongará durante sesenta días e implica la suspensión de derechos fundamentales como el libre tránsito y reunión, así como la inviolabilidad de domicilio.
Unos 50 «elementos terroristas», según el Ejecutivo, tomaron como rehenes a trabajadores de la empresa Skanska y al teniente de gobernador del poblado de Keshiapato, y los trasladaron a la selva.
«Inicialmente fueron 45 los secuestrados y los únicos liberados han sido una doctora y una enfermera que no podían avanzar por la selva. A ellas se les ha entregado las notas con las reclamaciones», afirmó una fuente gubernamental.
En la nota, los captores piden el pago de 10 millones de dólares para liberar a los trabajadores y una «cuota de guerra» anual de 1,2 millón de dólares.
Agencias EFE y AFP
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