Cristina define el juego del Congreso en 2016

Miguel Pichetto y Juliana Di Tullio

Lentamente, el Gobierno fue moldeando en los últimos tiempos las reglas del juego que deberá seguir el próximo presidente en el Congreso, al menos, por los dos años siguientes.

No es una novedad que desde 2003 hasta ahora el Congreso se movió al ritmo de los pedidos de la Casa Rosada. La independencia de criterio no fue la regla, ni siquiera en los dos años que siguieron a 2009, cuando el kirchnerismo perdió el quórum propio en ambos recintos. La oposición no pudo votar una sola ley en ese tiempo y cuando Cristina de Kirchner se quedó sin Presupuesto nacional para 2011, se limitó a firmar un decreto de reconducción y siguió con su Gobierno a fuerza de DNU.

Hoy el kirchnerismo tiene quórum garantizado en el Senado, pero en Diputados debe apelar a los aliados de siempre. Algunos de ellos son del núcleo más duro del kirchnerismo y no hay garantías que después de diciembre esa relación siga igual. Como sea, con ese número Cristina de Kirchner se lleva del Congreso todas las leyes, acuerdos a jueces, ascensos y nombramientos que pida, sin mencionar también la ratificación de todas las Cuentas de Inversión.

El Congreso que viene puede ser más complicado para el próximo presidente. La relación de fuerzas ratificará que ningún partido tendrá mayoría absoluta y el quórum propio es una hipótesis complicada que deberán decidir las urnas, pero sin demasiada chance para nadie. Negociar y acordar va a ser la regla.

Para ese escenario, Cristina de Kirchner diagramó una realidad distinta a la actual. En cada ley que la Presidente envió al Congreso en los últimos tiempos fue fijando un nivel más alto de dependencia del Poder Ejecutivo con las Cámaras. Si el nuevo presidente logra el poder que ella tuvo, no tendrá problemas en lograr la aprobación de leyes; pero no es ése el escenario pensado por la Presidente. No todo será igual que ahora cuando sólo una llamado por teléfono logra que Miguel Pichetto y Juliana Di Tullio activen los bloques y las votaciones exprés.

A partir del 10 de diciembre, el cristinismo puro tendrá un bloque de unos 50 diputados entre los que revistarán una veintena larga de camporistas. El resto del bloque PJ serán integrantes del Frente para la Victoria, pero con mayor dependencia de cada uno de sus gobernadores.

Con esa garantía la Presidente diagrama un esquema de dependencia del Congreso en las decisiones del Poder Ejecutivo.

El último ejemplo claro de esto es la ley para blindar la venta de acciones de empresas privadas que quedaron en poder de la ANSES tras la estatización de las AFJP.

Con ese anuncio se condicionó al futuro Gobierno a mantener en cartera del Estado participaciones accionarias que incluyen desde bancos (como Macro, BBVA, Hipotecario o Galicia), empresas de servicios públicos privatizados (Edenor, Metrogas, TGN), siderúrgicas (Siderar, Aluar), alimentos (Molinos, Quickfood) o empresas como Consultatio (Nordelta).

El proyecto ya está dictaminado y el 9 de septiembre llegará al recinto del Senado. Se convalidará allí el artículo que le exige al Congreso futuro sumar los dos tercios de los miembros en cada cámara (imposible de reunir) para disponer la venta de esas acciones. Esa ley se votará por mayoría simple y, por lo tanto, podrá derogarse también por mayoría simple. Es decir, si un futuro Gobierno no reúne los dos tercios para vender las acciones, podrá tomar el atajo de derogar la norma completa sólo reuniendo una mayoría simple.

Está claro que Cristina de Kirchner esto lo sabía desde que decidió mandar el tema de las acciones de la ANSES al Congreso, por lo tanto, lo hizo sólo con una intención: obligar a que la decisión de venta de las acciones (casi como una regla autónoma para los futuros usos que obligarán al nuevo Gobierno) pasen por el Congreso y no queden en una decisión autónoma, como es en la actualidad, del Poder Ejecutivo o la propia ANSES.