Cristina promete lucha contra trabajo precario

Junto a Débora Giorgi, Jorge Capitanich, Axel Kicillof y Carlos Tomada, Cristina aprovechó para cuestionar a sindicalistas que no reclaman “que se luche contra la precarización”.

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para regularizar a trabajadores informales, una condición que afecta a más de 5 millones de argentinos, mediante exención o reducción de cargas patronales. Cristina de Kirchner anunció ayer por cadena oficial la iniciativa, que apuntará en el plazo de dos años a la registración de 650 mil asalariados. El empleo no registrado alcanza un 33,5% del total y el programa oficial buscará reducir esa cifra al 28% hacia el final de la actual gestión.

El anuncio del envío al Parlamento de la iniciativa pareció una respuesta al paro nacional dispuesto el jueves pasado por el sindicalismo opositor, cuyos líderes no habían incluido el combate al empleo irregular al tope de sus reclamos. La situación irregular de más de un tercio de la fuerza laboral argentina constituye el indicador sociolaboral con menos avances en más de una década de gestión de los Kirchner.

El proyecto de ley de "promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral" contempla beneficios impositivos para los empleadores que incorporen personal en blanco, y el retiro de ventajas y contrataciones con el Estado de aquellos que persistan en las modalidades irregulares de contratación.

El empleo informal oscilaba el 50 por ciento en 2003, al inicio de la ges tión de Néstor Kirchner, y se redujo de manera sostenida hasta 2008. Ese año se desaceleró la mejora en el indicador hasta 2012, cuando se estancó en los niveles actuales.

En su discurso en cadena nacional, la mandataria explicó que se buscará "redireccionar los subsidios que alientan la creación de empleo registrado a favor de las pequeñas y medianas empresas". Admitió que "la precarización del trabajo crea un disciplinamiento porque se acepta cualquier salario", y argumentó que durante la gestión de Néstor Kirchner y la propia se abordó esa problemática con la creación de más de 6 millones de puestos de trabajo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, admitió que "falta más" en política laboral y que el Gobierno dará "el impulso final". "Vamos a dar la gran pelea contra el fraude laboral. Un fraude que implica que un trabajador sin registrar sea un trabajador sin derechos".

El acto contó con la presencia de un puñado de dirigentes empresariales y sindicales, pero ninguno de la CGT oficialista, que lidera Antonio Caló, habituales convocados a los discursos de la jefa de Estado.