Cristina ya analiza otro proyecto oficial para pago con reservas

En Olivos, la posibilidad que el pago de deuda con reservas sea aprobado por ley es una decisión asumida, pero no anunciada ni oficializada por completo. Los Kirchner saben a esta altura que es la única posibilidad de realizar esta operación. Sin embargo, el matrimonio estudia un cambio fundamental en la estrategia legislativa: en lugar de avalar el proyecto del senador justicialista rebelde Juan Carlos Verna, avalaría otro elaborado por tres diputados aliados de centroizquierda: Carlos Heller, Vilma Ibarra y Ariel Basteiro. El texto fue estudiado durante todo el fin de semana en Olivos y sólo necesitaría la aprobación kirchnerista para su impulso definitivo. Éste sería igualmente recién en la segunda o tercera semana de abril, luego que Néstor Kirchner termine de convencerse de que las posibilidades para que el DNU original sea realidad son ya utópicas.

La idea crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino, que autorizaría (la palabra exacta es instruye a la Presidente) al Poder Ejecutivo, a utilizar reservas exclusivamente para la cancelación de deuda con tenedores privados. El proyecto abarca los u$s 4.382 millones que el Central debería depositar en una cuenta del Tesoro nacional, dinero que figuraba en el último DNU que Cristina de Kirchner, con cierta volatibilidad presentó el primero de marzo ante la Asamblea Legislativa. En la idea se menciona incluso específicamente (en el artículo 8°, que se deroga este Decreto de Necesidad y Urgencia).

El proyecto limita además el dinero estrictamente a las operaciones de cancelación de deuda, y menciona que los giros desde el Central al Tesoro deben efectuarse «en estricta concordancia con la fecha de cada vencimiento y con la anticipación necesaria para realizar el proceso administrativo». El Gobierno sólo podrá liquidar, en siete vencimientos, cuatro operaciones de títulos públicos, con el monto específico: Prestamos Garantizados (u$s 531 millones), Boden (u$s 2.592 millones), Descuento y Par (u$s 759 millones) y Bonar (u$s 500 millones).

Fin específico

De aprobarse la iniciativa sin modificaciones, el Gobierno contaría, por un lado con los polémicos fondos para garantizar el pago de deudas privadas con vencimiento en el resto de 2010; pero sólo tendría dinero para estos fines. En otras palabras, perdería el arma política buscada en parte con el lanzamiento del fallido Fondo del Bicentenario, que no especificaba ni montos ni destinos para el uso de reservas durante el ejercicio 2010, y le permitía al Ejecutivo contar con los dólares que quisiera de las reservas para los fines que considerara necesarios; fueran éstos el pago de deuda o el giro indirecto para obras públicas, atención de administraciones provinciales amigas o cubrir baches de las cuentas de asignaciones sociales. Con el proyecto de Heller-Ibarra-Basteiro, se eliminaría de raíz esta posibilidad, ya que sólo se podría utilizar reservas para la cancelación de deudas y a una cuenta específica para este fin.

Sólo quedarían entonces de libre disponibilidad, los fondos que se liberarían del Presupuesto que originalmente estaban destinados para el pago de vencimiento, y que según los cálculos del Ministerio de Economía no superarían los u$s 1.500 millones; muy poco comparado con los originalmente u$s 20.000 millones que se le liberaban hipotéticamente a los Kirchner si no se le trababa el DNU de creación del Fondo del Bicentenario. Esta limitación, según fuentes oficiales, sería el único escollo para que el proyecto avance, ya que el ex presidente y por ahora diputado se resiste a resignar ese dinero para hacer política durante 2010.

El proyecto de ley incluye un capítulo aparte que irrita aún más a Olivos. Al terminar los considerandos, los diputados que firman el proyecto reclaman además que se avance en la discusión de «una reforma tributaria profunda, que se centre en impuestos progresivos». Se habla de mejorar el tributo a las Ganancias, con escalas más progresivas y gravando la renta personal, extender el impuesto a la renta financiera y las ganancias de capital, y reformular la legislación «para que las rentas de la tierra y del subsuelo sea gravadas adecuadamente». Menciona también la disminución del IVA para algunos bienes y servicios, pero se opone a la coparticipación de «tributos distorsivos» como el impuesto al cheque. Salvo este último punto, al que la pareja presidencial adhiere, el resto sólo podría ser discutido si su aplicación recae en el próximo Gobierno, y siempre que éste no sea kirchnerista.