Críticas a la Magistratura van al fiscal

La Corte Suprema decidió ayer el menú de expedientes que tratará hasta fin de año. Se confirma ADN y despenalización de drogas. También pidieron al fiscal Righi que dictamine sobre impugnaciones al Consejo de la Magistratura.

La Corte Suprema de Justicia estableció ayer la agenda judicial para lo que queda del año. La extracción compulsiva de sangre, la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal y los planteos relacionados con la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura serán los primeros temas a tratar, como había adelantado este diario.

Esta semana, el máximo tribunal remitirá al procurador general de la Nación, Esteban Righi, el expediente que reúnen las cuatro presentaciones que piden la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 del Consejo de la Magistratura, para que dictamine y lo remita nuevamente al cuerpo. Desde la Corte señalaron que la unificación de las causas permite tener una visión «más amplia» sobre la cuestión y le daría la dimensión suficiente como para que el tribunal falle sobre la presunta inconstitucionalidad de la reforma, sobre la que se reclama fundamentalmente la reducción de integrantes del organismo de 20 a 13 y el supuesto desequilibrio de estamentos que este cambio aportó al cuerpo.

Desde la Corte agregaron que para el próximo acuerdo (el próximo martes 11 de agosto), el tribunal tiene previsto evaluar «y si es posible decidir» dos planteos relacionados con la extracción compulsiva de sangre y la obtención por la misma vía -sin consentimiento- de pruebas mediante «métodos alternativos». Son los casos denominados «Prieto I» y «Prieto II». El «caso Prieto» se inició a raíz de un desprendimiento de una denuncia presentada en 1982 por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo respecto de la desaparición de 95 chicos que nacieron en cautiverio durante la represión clandestina de las guerrillas. Según la acusación, Emiliano Prieto sería uno de ellos. Tanto en primera como en segunda instancia, la Justicia ordenó la extracción de sangre para aclarar la identidad de la posible víctima, a lo que tanto él como su familia se negaron. El máximo tribunal debe ahora determinar si el Estado tiene derecho a exigirle a una persona que se someta a un examen compulsivo de sangre para usarlo como prueba en caso de una posible apropiación.

Queda en carpeta, pero próximo a tratarse, según aseguraron en la Corte, el anunciado pronunciamiento del cuerpo respecto de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Un tema que es anunciando por el tribunal desde fines del año pasado y sobre el que todavía no hay acuerdo, según señalaron. Además de la resolución sobre la tala indiscriminada en la provincia de Salta (ver Ámbito Nacional), en la reunión de acuerdo también se habló sobre la posibilidad de hacer nuevas audiencias públicas antes de fin de año.