Culpables e inocentes

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"Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas..."

Canción de Alicia en el País, Serú Girán, 1980.

El empresario septuagenario fue uno de los primeros quebrados psicológicamente ante el fiscal Carlos Stornelli. Habiendo pasado el peor fin de semana de su vida (preso en una celda de 5 x 4 en la división Drogas Peligrosas con un vendedor de paco del oeste del conurbano bonaerense como vecino), ya le había anunciado al fiscal que quería ser un nuevo arrepentido. El fiscal lo habló con el juez Claudio Bonadio y éste le dio el visto bueno para abrir una negociación. El empresario se sentó ante ambos el lunes a primera hora y comenzó a proporcionar datos bastante débiles y, lo peor, sin posibilidades de ser comprobados. Stornelli le aclaró que con ese nivel de declaración su situación no cambiaría y que, en consecuencia, no podría acceder al estatus de "arrepentido", con lo que continuaría en prisión "por mucho tiempo". "Piense que tengo nietos", rogó el constructor. "Yo también tengo nietos. Y tampoco los vi el fin de semana. Tiene una hora para pensar", fue la respuesta. El empresario se unió con su abogado durante 45 minutos, armó sus papeles y pidió un nuevo round con el fiscal. Su declaración dio un giro definitivo a la causa al denunciar la cartera total de empresas constructoras que se beneficiaron con mecanismos como los que él mismo había utilizado. Antes de despedirse pidió dos atribuciones finales al fiscal: que nunca más se lo deje filmar como un reo en vivo y en directo para todo el país; y que pueda tomarse un tiempo libre de condicionantes judiciales para salvar su empresa. Luego, le aseguró, se retiraría. Recibió la aprobación por lo primero, pero el gesto adusto de ambas autoridades lo asustó. En estas horas, ni el empresario septuagenario ni sus colegas (antes del escándalo con más prestigio social) saben qué plantes tienen Stornelli y Bonadio en el capítulo donde deben trabajar sobre la responsabilidad institucional de las empresas involucradas en el escándalo. Y, en consecuencia, con la posibilidad de que muchas de ellas entren en una severa crisis, quizá terminal, incluyendo el grupo de las "prestigiosas e históricas".

Este temor no sólo abruma hoy las mentes de los empresarios que circulan en estos tiempos por Comodoro Py (y que se multiplicarán en las próximas semanas), muchos de los cuales fueron los fundadores de sus compañías. También preocupa, y mucho, a los funcionarios que manejan el destino económico del país y cuyo éxito o fracaso (hoy más cerca de lo segundo) no se medirá por la cantidad de confesiones y detenidos que deje el caso de los Cuadernos; sino por el dato final de si la Argentina creció o no, y si los ciudadanos en octubre de 2019 tendrán un mejor nivel de vida que cuando Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación.

Ingresamos así a un dilema que deben contestar no sólo Bonadio, Stornelli, el Gobierno nacional y la oposición; sino toda la sociedad. ¿Quiénes son los culpables del megasistema de coimas que se está destapando, y del cual sólo se conoce un pequeña parte? Para empezar los funcionarios del Gobierno anterior involucrados lo son. Sin atenuantes. Y tanto el kirchnerismo como el justicialismo opositor tienen una oportunidad histórica por convertirse en una fuerza republicana, demócrata e institucionalmente seria y fuerte si separan de sus filas a cada ex funcionario sobre el que se vaya confirmando su delito. Encubrirlos sólo los alejará más de la sociedad y de volver al poder. ¿Pero qué pasa con el otro 50% de la responsabilidad del delito? ¿Los empresarios que van declarando su culpabilidad lo son, pese a que confiesan como arrepentidos? ¿Es válido el pedido de comprensión judicial por haber sido "obligados" a pagar esas coimas?. La respuesta es similar a la del caso de los funcionarios. Aunque la ley del "arrepentido" los cobije al punto de poder evitar o al menos limitar su pena de prisión; todos y cada uno de los empresarios que hayan confesado su delito son culpables. También sin atenuantes. La pena debería ir aún más allá, y llegar a lo social; prohibiendo la posibilidad futura de desarrollar una vida comercial institucionalizada. Y sus colegas empresarios deberían ser lo suficientemente duros como para cerrarle para siempre las puertas de las cámaras y entidades representativas de la actividad gremial privada. No debería haber redención si en este punto, en serio, los empresarios argentinos quieren depurarse y comenzar una nueva etapa en la relación con las compañías con la sociedad. Argumentos como los que el miércoles pasado desplegó Aldo Roggio deben ser lo suficientemente rechazados por la sociedad como, fundamentalmente, por los propios colegas del constructor. "No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia" y "soportamos la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal (70% del total) en los costos de operación del servicio" dijo el empresario, en una frase que debería ser condenada, antes que nadie, por los propios responsables de compañías privadas. Quizá consciente del daño causado, anoche Roggio anunciaba su retiro de la presidencia de sus empresas.

Similar es el caso de otro empresario "arrepentido". Gabriel Romero, titular de Emepa, reconoció ayer que pagó coimas para que el Gobierno anterior le habilite la continuidad de la operatoria de la Hidrovía, la mayor ruta marítima del mundo para el transporte de granos. El proyecto, que debería ser un orgullo argentino a nivel mundial. En cambio pasará la historia como otro lamentable hecho de corrupción criolla. Al mismo tiempo que confesaba, la página de internet de la compañía que dirige rezaba en el cuarto párrafo de su declaración de principios que "afirma su 'tolerancia cero' a la realización de cualquier hecho de corrupción por parte de los miembros de la empresa".

Son estas cosas las que llevaron a Marcos Galperin, el empresario joven más importante del país a declarar que "si se necesita una crisis para terminar con la corrupción, bienvenida sea". Es lógico que piense así. Las compañías de la nueva economía no tienen nada que ver con un Estado que las molesta más que ayudar, y que ni siquiera pueden obtener financiamiento lógico para sus emprendimientos.

Finalmente, insistiendo en que los empresarios con nombre y apellido deben pagar por sus delitos, no importa que los haya impulsado a hacerlos ¿son culpables las compañías?.

La solución del dilema para Bonadio y Stornelli puede estar en los grandes ejemplos internacionales. Algunos recientes, sonados y hasta cercanos al país.

En 2006 la multinacional Siemens, orgullo de la industria alemana de la posguerra y símbolo del milagro de la recuperación del país luego de 1945, entró en su peor crisis. Una investigación periodística nacida del Süddeutsche Zeitung y el semanario Der Spiegel destapó la noticia más impactante para el sector privado alemán en décadas: Siemens mantenía una contabilidad paralela, con oficinas especialmente diseñadas al efecto, para mover dinero a países en desarrollo para pagar coimas con el objeto que vencer en licitaciones regionales. En el listado de países involucrados figuraron, entre otros, Rusia, Nigeria, Grecia y, obviamente, Argentina, con el sonado negociado por la confección de los nuevos DNI, una causa que transitó los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa sin que la Justicia argentina reaccione. El avance de la investigación determinó que el presidente de la compañía y titular de la Junta Directiva, Henrich von Pierer no podía haber desconocido los pagos, lo que derivó en su renuncia. Inmediatamente después también renuncia Klaus Kleinfeld, director ejecutivo de Siemens Alemania y hombre de 20 años en la empresa. Kleinfeld declaraba que "este estado de incertidumbre es inaceptable, tanto para los empleados como para los clientes, los accionistas, y también para mí". Ambos asumieron la responsabilidad total de la crisis, pidieron presentarse tanto ante los tribunales alemanes como ante las autoridades de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados (la temida SEC), confesaron todos los delitos presentando pruebas que incluían hasta las cuentas por donde había circulado el dinero de las coimas. Salvaron así la posibilidad que la compañía pueda seguir su historia. Hoy Siemens tiene nuevas reglas éticas internas que incluyen fiscalizaciones triples de ONG independientes, además de las tradicionales auditorías. Y, luego de varios años de crisis volvió a participar en las licitaciones más importantes del mundo, sostiene unos 348.002 empleados en los 100 países donde está presente y obtuvo en el 2017 beneficios netos por 4.409 millones de euros.

La máxima que se respetó tanto en Alemania como en los Estados Unidos, es que las empresas, sus proyectos, sus empleados y su futuro, exceden los delitos de los hombres y mujeres responsables de haberlos provocado. Es una de las enseñanzas que Bonadio y Stornelli deberían tener en cuenta al momento de ejecutar la imprescindible justicia que el escándalo de los Cuadernos requiere. Y el Gobierno, tomar los ejemplos para evitar venganzas absurdas más allá de los responsables con nombre y apellido, que sólo generen más desempleo y pobreza en el país.

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