Cumbre Corte-Anses para discutir pago a jubilados

Raúl Zaffaroni

Incluso en plena conmoción por el escándalo que roza a Raúl Zaffaroni, la Corte Suprema de Justicia dio un paso más en su avanzada para presionar al Gobierno por una definición respecto de los miles de juicios pendientes por reajuste de haberes jubilatorios. El tribunal aguarda para el miércoles próximo al director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, para pedirle una ampliación del informe presentado semanas atrás por el organismo previsional sobre la litigiosidad en el campo jubilatorio.

Uno de los objetivos que se había trazado la Corte para este año era imprimirles mayor velocidad y atención a los juicios previsionales. En su mayoría, se trata de miles de demandas por reajustes de haberes, en particular de aquellas personas que en el momento de su retiro percibían jubilaciones superiores a los $ 1.000 y que en los últimos años recibieron incrementos mucho menores en proporción que el resto. El proceso terminó por achatar la pirámide de ingresos y disparó una oleada de juicios.

El máximo tribunal le había pedido a la ANSES un informe detallado acerca de la cantidad de demandas presentadas, las resueltas y las pendientes de pago a pesar de sentencias favorables a sus iniciadores. En un documento de 300 carillas, el organismo previsional contestó a las preguntas de los cortesanos, que ahora pidieron una ampliación en persona a Bossio.

Con el pedido de informes y la citación al funcionario, la Corte espera impulsar una definición general del Gobierno, hasta ahora reacio a atender ese planteo. Ya lo habían hecho los magistrados con sus fallos cuando lograron que el Ejecutivo enviara al Congreso la ley de movilidad jubilatoria. Lo mismo planean forzar con los jubilados que quedaron desfasados de aquellos que percibían la mínima, y que porcentualmente recibieron aumentos mucho mayores.

El inicio de la avanzada cortesana fue una presentación de la Defensoría del Pueblo nacional para plantear la posibilidad de una «acción de clase», es decir un reclamo judicial que pudiese extenderse al universo de jubilados afectados por la falta de reajuste en sus haberes. En esa línea -poco explorada por la Corte- se pretende un fallo que de manera automática obligara al Gobierno a subir las jubilaciones en línea con el denominado «fallo Badaro», que dispuso un aumento del 88,6 por ciento.

Bossio ya adelantó que una sentencia única generaría un «impacto macroeconómico» difícil de cuantificar y un perjuicio para todo el sistema. Cristina de Kirchner ya había vetado una ley del Congreso que disponía el pago del 82 por ciento móvil para todos los jubilados por entender que era de imposible financiamiento por parte del sistema. Al presentar el informe pedido por la Corte, semanas atrás, Bossio se había puesto a disposición de los magistrados para ampliar su contenido.