Cupones bursátiles

Amado Boudou salió nuevamente a escena, especie de «showman» de la economía doméstica, lanzando la pretendida expresión ingeniosa de estar presos de un «embargador serial» (referido al juez de Estados Unidos), el que está actuando acorde con un país que es: «estafador serial». Nada más que eso. Son las secuelas de lo que se vino haciendo, la amarga cosecha que ahora debemos asumir por haber sembrado un «canje» vergonzoso y unilateral. Solventado con títulos torpemente atados por los índices de inflación (recreando los «vanas») y después nuevamente saboteados, mediante el deleznable recurso de falsear los índices inflacionarios, para no pagar las verdaderas rentas comprometidas.

Para que el circo se termine, alguna vez hay que volver a colocar las cuestiones en caja y hablarlas seriamente. Es hora de que todos los que consintieron -y además aplaudieron- la estafa del «canje» salgan a frenar la insólita postura de discriminar a los tomadores de bonos «al portador» de la Argentina (estableciendo que a los pobres jubilados europeos se les pagan ya los denominados fondos buitre los estafamos). Tanto en un bono como una acción no importa quién resulte el tomador. Y da lo mismo que sea la Madre Teresa o el mismo Al Capone. ¿En qué libro de texto leyeron que hay que investigar, y juzgar las intenciones, de un comprador de títulos al portador? Lo único que debe hacer el emisor -y responsable- es pagar lo que está comprometido. Y punto. Y no hay otra. Lo demás es humo político, que puede tener cabida en ignorantes de los que sean y cómo se manejan los mercados.

Si quieren darse el lujo de poseer una lista de compradores seleccionados, admitidos, tan pulcros e inmaculados, lo que pueden hacer es lanzar títulos del tipo «escritural», donde el tomador tiene que identificarse (utilizando por algunas empresas cotizantes, como Bagley, en su momento). De lo contrario, los papeles pueden caer en manos de bancos, entidades de inversión, inversores o especuladores, que da exactamente lo mismo. Las rentas y el capital comprometido hay que abonarlos, con el principio -en caso de ser títulos públicos- del «riesgo soberano» (sin importar qué gobernante lo emitió, el país se tiene que hacer cargo). Cuando las veleidades argentinas reciben un cachetazo, sabiendo que hay que volver al circuito de crédito internacional, los funcionarios se muestran ofendidos. Increíble.