De la Rúa a juicio acusado también de saber de sobornos

Fernando de la Rúa

La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de Fernando de la Rúa, en la causa en la que investiga el supuesto pago de sobornos para la sanción de la llamada ley de «flexibilización» laboral en la Cámara de Senadores en 2000. El tribunal de alzada destacó en sus argumentos que ratificaba la medida debido a los numerosos testimonios que acreditan -según su criterio- la supuesta responsabilidad del ex presidente en la operación. Concluyó que «la eventual realización del juicio con todos los protagonistas imputados allí presentes, sea el camino a transitar más conveniente desde la actividad jurisdiccional para la búsqueda de la totalidad de la verdad material de lo sucedido».

Presunta reunión

La decisión de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah dejó al ex primer mandatario un paso más cerca del juicio oral y público, a pesar de las múltiples objeciones que realizó la defensa. Los abogados de De la Rúa, Miguel Ángel Almeyra y Jorge Kirszen-baum, se concentraron en la impugnación de ciertos episodios considerados en la imputación del ex presidente, en especial, la existencia de la famosa supuesta reunión del 30 de marzo de 2000.

Según la declaración del ex secretario de la Cámara alta Mario Pontaquarto, habrían estado presentes los legisladores peronistas Alberto Tell (presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social), y Augusto Alsino (jefe del bloque del PJ de la Cámara alta); De la Rúa y los funcionarios del Gobierno de la Alianza, José Genoud (ex presidente provisional del Senado, quien se suicidó poco después de estallar el escándalo) y, más tarde, Mario Alberto Flamarique (ex ministro de Trabajo). Allí, según el arrepentido Pontaquarto, el ex presidente habría respondido al supuesto pedido de coima de los peronistas: «Eso háblenlo con De Santibañes», el ex titular de la SIDE. Ese presunto encuentro fue uno de los argumentos centrales para señalar al ex presidente como supuesto coautor de la operación que habría entregado a cinco senadores peronistas $ 4.300.000, provenientes de la SIDE.

La defensa de De la Rúa negó desde un primer momento y de manera tajante la existencia de esta reunión, fundamento al que el tribunal de alzada hizo lugar, al resaltar que «a pesar de la gran cantidad de testimonios que se acumularon al expediente, no se logró verificar la celebración de la reunión aludida, ni la presencia de Pontaquarto en la Casa Rosada». A pesar de tener en consideración esta objeción, la Cámara ratificó el valor probatorio del testimonio del ex secretario del Senado (otro de los puntos impugnados por la defensa) y agregó que los reparos planteados son cuestionamientos puntuales «que no hacen al cuadro cargoso que sustenta la imputación».

Impensable

En este punto, el tribunal enfatizó que «no se trata de atribuirle responsabilidad objetiva (a De la Rúa) derivada de su cargo como sostiene esa defensa, sino de cómo es posible que Pontaquarto haya retirado del edificio de la SIDE la suma de $ 5.000.000, con el destino y finalidad indicados, sin su conocimiento, pues resulta impensable a esta altura que el entonces secretario de Inteligencia o el entonces ministro laboral actuaran en cumplimiento de un plan común inconsulto o en su propio beneficio».

El ex primer mandatario había sido procesado por el juez federal Daniel Rafecas, quien lo consideró «prima facie» responsable de cohecho activo agravado, en calidad de coautor, y le trabó embargo sobre sus bienes por una suma de $ 500 mil. Rafecas dio por probado en forma preliminar que De la Rúa, como presidente, habría tomado en el pago de las supuestas dádivas a Alasino, Tell, Remo Constanzo (vicepresidente del bloque de senadores peronistas), Emilio Cantarero y Ricardo Alberto Branda (secretario general de la bancada).

En la misma causa, y a la espera del juicio oral y público, están acusados como supuestos coautores del hecho, Fernando de Santibañes, Flamarique, Genoud (fallecido), Pontaquarto, cuyo testimonio como «arrepentido» sirvió para impulsar una investigación, sobre la que sólo circulaban rumores y versiones periodísticas. Todos están a la espera de que Rafecas fije la fecha para el proceso que, con este fallo de la Cámara Federal, recibe un nuevo estímulo, luego de años de parálisis y que ya se acerca a la prescripción.