Decide Macri si reclama impuestos a la ruleta

Mauricio Macri

Un polémica rabiosa abrió ayer la Corte Suprema de Justicia, con un fallo que, para algunos, es contundente en cuanto a que la Ciudad puede reclamar una cifra más que millonaria por Impuesto a los Ingresos Brutos al casino de Puerto Madero. Para otros, funcionarios del Gobierno PRO, la letra no es clara. Como sea, el Supremo Tribunal (ver nota aparte) puso fin ayer a una polémica que arrancó en 1999, cuando la primera ruleta flotante amarró en la ribera porteña.

El jefe de Gobierno era entonces Fernando de la Rúa y le puso faja de clausura. A partir de entonces se extendieron medidas cautelares que beneficiaron a la empresa de juego que rechazó la injerencia de la Ciudad en una zona, el río, cuya jurisdicción es discutible. Las medidas judiciales a favor de la Ciudad las impulsó entonces Ricardo Monner Sans, padre del actual abogado de la Ciudad que representa a la administración PRO en los tribunales.

Convenio

En el medio, el exjefe porteño Aníbal Ibarra, resignado a que no lograría el traspaso de la actividad lúdica a la órbita de la administración de Capital Federal, suscribió un convenio con Lotería Nacional para recibir al menos parte de las ganancias de todo tipo de apuestas (no sólo del casino).

Ese documento inclusive fue criticado por supuestamente renunciar al control total de la actividad. Intentó Mauricio Macri alargarlo en el plazo, lo que resultó escandaloso, y debió dar marcha atrás. Pero recientemente podría haberlo «denunciado» tal como establece el mismo documento y comenzar el reclamo por el control de la actividad.

El convenio sigue vigente, pero además, hace 15 días, el Gobierno porteño quiso desistir del reclamo judicial que ayer resolvió la Corte. Los jueces le dijeron al procurador Ramiro Monner Sans que el perjuicio para la Ciudad era de tal magnitud, si renunciaban a la causa, que debería aprobarlo la Legislatura, de acuerdo con la Ley 1.218 que establece esa instancia cuando la Procuración litiga con altos montos comprometidos. Es decir, los jueces consideraron que retirando la demanda contra un fallo de Cámara a favor del casino que regentea Cristóbal López, la Ciudad renunciaba a la posibilidad del millonario reclamo económico.

Decisión

El abogado, que admitió el pedido de desistir que formuló, explicó a este diario: «Ahora tenemos la certeza de que se terminó la acción declarativa» y que de esa manera la Procuración ya no intervine más. Sencillamente, no hay causa.

Lo que no significa que todo podría, como una ruleta, volver a comenzar. Así, queda en decisión de Macri golpear la puerta del casino y reclamar un tributo que en su momento, 2008, resultó una imposición de la oposición al PRO que apuraba una suba de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL). La propuesta la firmaron, entre otros, Aníbal Ibarra y Enrique Olivera. Claro que nunca se pudo cobrar lo que por entonces se calculaba en más de $ 500 millones anuales en concepto tributario a la actividad lúdica.

Ibarra lanzó ayer: «Ahora la Ciudad no tiene excusas para cobrar el 8% que impulsamos hace dos años en concepto de Ingresos Brutos, pero me parece que la gestión de Macri lo que menos quiere es cobrarle al Casino porque inclusive, frente a la inminente resolución de la Corte, intentó desistir del recurso para que quedara firme el fallo a favor del Casino». El legislador amplió con que «la Corte con mucha razón rechazó ese desistimiento y dijo que sólo era válido si lo aprobaba la Legislatura, pero Macri no se animó a pedirlo».

Desde el Gobierno porteño indicaron a este diario: «Para nosotros no es claro el fallo de la Corte y lo seguimos estudiando. Claro que, si de allí surge que podemos cobrar impuestos, por supuesto que lo haremos».

Ahora, si el Gobierno porteño decidiera ir por el reclamo tributario, el Casino podría rechazar esa exigencia sosteniendo que existe el convenio citado por la propia Corte que tiene por objeto «reglar la participación de cada una de las jurisdicciones en el producido de la comercialización de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires». Aunque ese convenio no exime del pago de impuestos, al empresa podría volver sobre la cuestión jurisdiccional, que a su vez obligaría a considerar nuevamente el convenio en ese sentido. La Corte, inclusive, criticó que la Cámara no haya tenido en cuenta el documento.