Declara Schoklender Pablo, que dice haber recibido amenazas

Norberto Oyarbide

El fiscal federal Jorge Di Lello se opuso ayer a que sean excarcelados Pablo Schoklender y el contador Alejandro Gotkin, detenidos por el presunto desvío de fondos púbicos de la organización Madres de Plaza de Mayo, en tanto que hoy hará un pedido en la misma línea Sergio Schoklender. La expectativa estará puesta esta mañana en las indagatorias que tomará el juez federal Norberto Oyarbide al menor de los Schoklender y a Gotkin, socio de Meldorek. Los defensores de los acusados dijeron suponer que Oyarbide rechazará los pedidos.

El juez comenzará a las 10 las audiencias para las indagatorias. La defensa de Pablo Schoklender adelantó que su cliente declarará, a diferencia de su hermano mayor, que una vez que fue informado de la acusación en su contra como presunto jefe de una asociación ilícita, se negó a hacerlo.

Pablo Schoklender no sólo pidió su excarcelación, sino que además le reclamó a Oyarbide «garantías» porque -según dijo- «teme por su vida». «Ese temor -según el escrito que acompañaron sus abogados Pablo Slonimsqui y Ramiro Rubinska- se funda en mensajes amenazantes e intimidatorios que ha recibido luego de la trascendencia pública de su orden de detención, supeditando episodios violentos de diversa índole que él iría a sufrir en caso de vincular, en su futura declaración judicial a funcionarios públicos con los hechos investigados». El menor de los hermanos recordó que se presentó voluntariamente ante la Policía, tras la orden de detención en su contra, y que siempre estuvo sujeto a proceso.

Antes planteó su excarcelación el contador Gotkin, por medio de su abogado Nicolás Maciel, y sobre el final de la jornada judicial lo hizo la defensora oficial que asiste a Sergio Schoklender, Perla Martínez de Buck.

Oyarbide imputó a Sergio Schoklender la figura de presunto «jefe» y a los otros dos la de organizadores de una presunta asociación ilícita que habría desviado millones de pesos que recibían las Madres de Plaza de Mayo para la realización de viviendas sociales en el programa Sueños Compartidos.

Ayer Oyarbide citó a indagatorias a titulares de dos firmas en las cuales se desviaron fondos públicos, por un total de $ 44.260.939. Se trata del presidente de la firma Cabaña Agropecuaria El Zonda Pablo Sette, el director suplente Adolfo Bus y el titular de la firma Agropecuaria Monte Leone, Mariano Moncaro. Los tres están citados para prestar declaración indagatoria el próximo 21 de junio. Al imputar a Sergio Scho-klender, el juez le endilgó haber desviado presuntamente millones de pesos en efectivo a cuentas bancarias a su poder, así como haber cambiador cheques de la Fundación por dinero en financieras y también haber utilizado esos fondos para adquirir bienes a su nombre.

El juez volvió a hablar ayer después de un largo silencio. Fue en la puerta de su domicilio en la Capital Federal para justificar la demora en detener a los hermanos Schoklender por la gran «complejidad del caso, la enorme cantidad de personas involucradas y la diversidad de obras» por las que fueron acusados. Quiero recordar -agregó- que he viajado por el interior del país para tomar conocimiento concreto del caso», señaló Oyarbide.

La oposición aprovechó estas detenciones para cargar contra el Gobierno por no haber controlado el destino de los fondos cedidos a Hebe de Bonafini. «Ha habido un desfalco de 240 millones de pesos, dicen los diarios, y la presidenta y todos sus funcionarios le dieron la plata» al exapoderado de la fundación Sergio Schocklender «sin ningún control», afirmó Mauricio Macri. Desde la UCR y la Coalición Cívica salieron también reproches al Gobierno por la asociación con Madres y con Schocklender, quien cuando era apoderado de esa organización protagonizó actos con funcionarios del oficialismo.