Define hoy Cristina el veto a suspensión de retenciones bonaerenses

Cristina de Kirchner se mostró ayer en La Matanza con Daniel Scioli. El gobernador apoyó el veto a la ley que benefició a su provincia suspendiendo retenciones en municipios en crisis.

El Gobierno tenía listos ayer dos borradores de decreto de veto a la Ley de Emergencia Agropecuaria para la provincia de Buenos Aires que el Senado, por unanimidad, terminó de sancionar el jueves pasado. La intención es que la Presidente tome la decisión y hoy estampe la firma. Pero la discusión sobre el alcance que tendrá esa determinación presidencial aún no terminó. Cristina de Kirchner puede vetar el artículo 4 de esa ley (que estableció la suspensión por 180 días del pago de retenciones a las exportaciones de granos para algunos municipios y la disminución al 50% para otros) o bien observar la ley completa. Cualquiera de las dos opciones traerá una nueva guerra con el campo: si la Presidente la veta completa, Buenos Aires será la única provincia que cuente con declaración de emergencia. Si, por el contrario, se limita a vetar el artículo 4, la protesta será de las mismas dimensiones.

Ayer, Aníbal Fernández consideró que la ley en cuestión era «pésima» y de «imposible cumplimiento» y hasta adelantó un veto total a la norma.

Esa declaración disparó una protesta general en el Congreso que incluyó al propio bloque kirchnerista. Desde la bancada adelantaron que un veto total sería aumentar la irritación sin ningún sentido y, además, deberían sancionar inmediatamente otra ley de emergencia para no dejar a Buenos Aires en inferioridad de condiciones con otras provincias en problemas que también tuvieron su ley el jueves pasado. De ahí que el kirchnerismo se pasara ayer todo el día pidiéndole a la Casa Rosada que no cometiera el error de vetar toda la emergencia agropecuaria bonaerense y se limite sólo al artículo 4.

Lo cierto es que, técnicamente, la aplicación de ese artículo tendría problemas insalvables, independientemente de cómo llegó a aprobarse en Diputados y en el Senado. Por ejemplo, sería imposible identificar el origen de la soja, el maíz o el trigo a liquidarse en el área eximida temporalmente del pago de retenciones. Inclusive en la oposición llegaron ayer a reconocer que de aplicarse la ley se estaría creando una suerte de zona franca para la venta de soja.

Ese argumento, que curiosamente no fue sostenido por el Gobierno en su defensa, sí fue analizado ayer en el Congreso. Pero no alcanzó para calmar la polémica por la forma en que se aprobó la ley. Agustín Rossi, presidente de la bancada oficialista, volvió a culpar a Francisco de Narváez: «No tiene la más mínima ética parlamentaria», dijo, y agregó que «De Narváez sabe perfectamente lo que pasó en la sesión del 5 de agosto, actuó de forma engañosa».

Quiso explicar así que «luego de aprobar por unanimidad una nueva ley para la actuación del Estado en casos de emergencia y desastre agropecuario, acordamos entre todos los bloques aprobar varias declaraciones de emergencia en diversas zonas del país». Y que en ese tren el PRO coló el artículo 4 con la suspensión de las retenciones en el área de desastre agropecuario sin que el oficialismo se diera cuenta.

Fue el argumento para defender la observación presidencial a la ley, pero no alcanza para justificar la ineficiencia de, al menos, los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de las dos Cámaras que, aunque no emitieron dictamen porque los proyectos se debatieron sobre tablas, sí debieron revisar los proyectos antes de llevarlos a votación.

Ya fuera por error o por la existencia de una negociación previa para dejar pasar la suspensión a las retenciones, el saldo que ya dejó esta crisis parlamentaria es grave, lo que abona el terreno para que el Gobierno avance con un veto, aunque generando una nueva batalla entre Cristina de Kirchner y el campo, que sus diputados y senadores debieron haberle evitado.

El problema no es que el Congreso aparezca convirtiendo en ley un proyecto propuesto por la oposición que, aunque con problemas técnicos, responde a la lógica de aliviar la presión tributaria a sectores del campo en crisis por la sequía, sino que una ley fue aprobada sin que los legisladores supieran qué estaban votando. Podría repetirse el error en cuestiones mucho más graves aún.