Londres - La Corte Suprema británica designó ayer al Parlamento como pilar del futuro del Reino Unido al dictaminar que el Gobierno de Theresa May debe consultar a los diputados antes de iniciar el "brexit", la salida del país de la Unión Europea (UE).
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En un dictamen histórico, con una mayoría de ocho a tres, los jueces de la máxima instancia judicial británica concluyeron que no se puede invocar el decisivo artículo 50 del Tratado de Lisboa de la UE, que regula la salida de un Estado miembro, sin una votación previa del Parlamento.
De esta manera, la Corte rechazó el recurso que había presentado el Gobierno contra el fallo de un tribunal inferior -el Superior de Londres-, que en noviembre ya había dado la razón a un grupo de ciudadanos, representados por la empresaria Gina Miller, al señalar que no se pueden retirar los derechos de los ciudadanos sin consultar al Parlamento.
La decisión no significa que la oposición laborista vaya a pretender dar marcha atrás con el "brexit", pero podría prolongar los plazos y, acaso, ponerle algún matiz a la decisión de la premier conservadora de optar por una salida radical.
En su dictamen de unos noventa folios, los jueces del Supremo concluyeron además, esta vez por unanimidad, que el Gobierno central no está obligado a consultar a los poderes legislativos de las autonomías -el Parlamento escocés y las asambleas de Gales e Irlanda del Norte- antes de invocar el artículo 50. Esto dio más alas a los reclamos independentistas escoceses.
La decisión judicial no anula ni modifica el resultado del referendo celebrado el 23 de junio de 2016, cuando los británicos votaron mayoritariamente a favor de salir de la UE.
"El referendo es de un gran significado político, pero la ley parlamentaria que lo estableció no decía qué debía ocurrir (tras el) resultado", afirmó el presidente del Supremo, David Neuberger, al leer el resumen del veredicto.
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