Demorado acto hoy por día de la Antártida argentina

Hoy a las 10.30 Cristina de Kirchner tiene en agenda celebrar el día de la Antártida. La ceremonia estaba programada para el 22 de febrero pasado, pero la tragedia del tren de la línea Sarmiento que dejó 51 muertos y más de 700 heridos obligó a suspender la actividad oficial. El acto en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada recordará hoy los 108 años de presencia permanente de la Argentina en la Antártida a partir del izamiento de la Bandera Nacional en la base Orcadas, el 22 de febrero de 1904.

Es el hito tomado para la efemérides aunque el país tuvo con anterioridad presencia aislada de pioneros. José María Sobral un marino entrerriano que en sus 21 años y con la escasa jerarquía de alférez, fue el primer criollo enviado en 1901 por el Gobierno nacional al continente blanco como parte de una expedición científica escandinava liderada por el capitán Carl Larsen. Navegaron en el mítico ballenero Antartic hasta que naufragó aprisionado por el hielo y todos debieron invernar durante dos años a la espera de ser rescatados. El grupo de expedicionarios respondía al pionero sueco Otto Nordenskjöld. La corbeta Uruguay de la Armada Argentina, al mando del capitán Julián Irízar -el rompehielos incendiado en 2007 lleva su nombre- los auxilió en 1903.

La ceremonia de hoy rendirá homenaje en vida a otro expedicionario contemporáneo, el general Jorge Leal y al fallecido científico Alejandro Carlini.

No serán todas referencias históricas y de los avances en la campaña de verano que en la actualidad llevan adelante la Dirección Nacional del Antártico y el Estado Mayor Conjunto, responsable de la logística de las bases antárticas. Se espera algún reclamo de la mandataria por la pretensión británica de extender su dominación al continente helado, en línea con declaraciones anteriores efectuadas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, repetidas por dos ministros: Héctor Timerman y Arturo Puricelli.

¿Comprenderán que la matriz de la disputa por la soberanía de Malvinas ha mutado en dos cepas más resistentes: la posesión de los hidrocarburos offshore y la pretensión soberana del Reino Unido en la Antártida a partir del nuevo límite de exclusión marítima en derredor de las aguas subantárticas de las islas Georgias y Sandwich del Sur? Esta decisión unilateral de Londres se conoció en simultáneo con el ofrecimiento que hizo la Presidente la semana pasada de unir Puerto Argentino (Port Stanley) y Buenos Aires a través de Aerolíneas Argentinas. Al «avatar» de la protección de la biodiversidad, focas, pingüinos, la codiciada merluza negra, el krill y otras especies subantárticas esgrimido por el comisionado de Georgias, le da vida el interés estratégico de desplegar más naves de la Royal Navy con proyección hacia el continente blanco.

El coto de exclusión subantártico llamado «santuario de especies amenazadas» debe ser vigilado para hacer efectiva la conservación y a la vez ejercer poder de policía ante posibles infractores. Más allá de la protesta formal que prepara la Cancillería, habría otras acciones concretas que los científicos antárticos anticiparon y duermen en algún escritorio de ese organismo.

La carpeta alentada por el dueto del Instituto Antártico Argentino que dirige Sergio Marenssi y la Dirección Nacional del Antártico, de Mariano Mémolli, promovía la ejecución de varias campañas científicas: oceanográficas, meteorológicas, biología marina, batimetrías, etc, en la misma zona hoy vedada por los británicos. Implicaba la participación de buques científicos nacionales, el Puerto Deseado, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el Eduardo Homberg del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

En el otro polo, Canadá puja por la soberanía de las riquezas naturales del lecho del Ártico con Rusia, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega. A diferencia del Polo Norte, la Antártida está protegida por la letra del Tratado del Antártico -suscripto en 1959 y refrendado por el Protocolo de Madrid que rige hasta 2041- que prohíbe la explotación de los recursos naturales a menos que sea con fines científicos.