Denuncia de abogados salpica a dos consejeros

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Son Marías y De la Torre que hicieron campaña y votaron en la elección del CPACF. Ayer, pidieron baja.

Las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dejaron expuesta una dura interna que se convirtió en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura en una nota dirigida a su presidente Horacio Rosatti. Pero más allá de una pulseada política, la cuestión de fondo se fundamenta en un incumplimiento reglamentario que afecta a dos consejeros por la abogacía: Diego Marías -hombre con terminal en Horacio Rodríguez Larreta- y la flamante incorporación de la exAFIP Jimena de la Torre. En el escrito ingresado ayer, Jorge Rizzo (excandidato a presidir el órgano de los matriculados) denunció que ninguno de los dos consejeros bloqueó su matrícula -uno de los requisitos reglamentarios para asumir en el Consejo dentro de las incompatibilidades-, algo que impide ejercer la profesión mientras dure su mandato en el órgano de selección y remoción de jueces por obvios motivos. Pero ese bloqueo también impide, por ejemplo, que puedan sufragar en las elecciones de sus propios estamentos dado que sus matrículas están bloqueadas. Y tampoco, podrían -según indica el escrito- haber hecho campaña proselitista en favor del candidato que se erigió ganador, el exabogado y exfuncionario de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Gil Lavedra. Apenas se conoció la existencia de la denuncia impulsada por Rizzo, Marías cambió el estatus de su matrícula a “activo parcial” con fecha de ayer.

El escrito los acusó a ambos de haber violado las leyes 24.937 y 23187. Para el caso de De la Torre, se señaló la coincidencia de su campaña (pública a partir de sus posteos en Twitter) luego de haber jurado ante la Corte para sumir el cargo de consejera con mandato de abril a noviembre en representación de los abogados, luego de haber ganado las elecciones en las que se postuló. El caso de Marías tiene mayor alcance porque ya ejercía el cargo de consejero en el formato de 13 miembros, para completar el mandato de Juan Pablo Más Vélez.

En el párrafo más duro, Rizzo pidió que el Consejo sancione con máximo rigor posible y señaló la inhabilitación o destitución de ambos.

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