Seis labriegos que viven desde hace unos 20 años en las tierras, situadas en el departamento de Caaguazú, unos 200 kilómetros al este de Asunción, fueron supuestamente agredidos y retenidos sin motivo por la Policía, según la denuncia interpuesta ayer en la sección jurídica de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, una organización no gubernamental.
El pasado 10 de octubre, la Policía desalojó de forma violenta a 180 familias campesinas de estas tierras, que la empresa brasileña Bioenergy asume como suyas, a pesar de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Paraguay reconoció que los labriegos son legítimos ocupantes.
La denuncia pide a la Fiscalía que investigue a los agentes que sirven en el puesto de control ubicado en la entrada de la Colonia Laterza Kué, quienes, según el escrito, detuvieron y golpearon el pasado viernes a uno de sus habitantes acusándolo de haber herido a un policía días antes. El hombre aseguró en su testimonio que unos siete agentes lo golpearon hasta que cayó al suelo, donde siguieron propinándole patadas en las costillas, en la cabeza y en un ojo. Después, con una esposa en cada brazo, dos agentes lo sujetaron en cruz, mientras otros lo golpeaban en todo el cuerpo, según la denuncia.
Otros cinco labriegos fueron supuestamente agredidos a golpes por agentes que irrumpieron en sus casas el pasado 17 de octubre.
Los policías presuntamente los trasladaron en una camioneta a la sede de la empresa Bioenergy, donde los pasaron a otro vehículo para dejarlos finalmente abandonados en un camino rural de la zona, según el texto presentado ante la Fiscalía.
Paraguay es el país con la segunda mayor concentración de tierras en el mundo, ya que el 2,6% de los propietarios detentan el 85,5% de la superficie agraria, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Las 3.000 hectáreas en disputa en este caso, llamadas Laterza Cué (las tierras de Laterza, en idioma guaraní) pertenecían a la familia de Mario Laterza desde 1913, pero durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) el terreno fue expropiado y cedido a un terrateniente cercano al régimen, que después lo vendió a la empresa brasileña Bioenergy, dedicada a la producción de soja.
Según el senador Sixto Pereira, del partido del expresidente Fernando Lugo, el izquierdista Frente Guasú, la Justicia posteriormente expropió las tierras en favor de los campesinos, pero la decisión fue recurrida y aún no hay una sentencia firme.
El presidente del INDERT, Justo Cárdenas, dijo que "si no se soluciona este problema, se viene un Curuguaty 2", en referencia al conflicto más candente por la propiedad de tierras en Paraguay que se produjo en junio del año pasado, cuando 11 campesinos y seis policías murieron en un enfrentamiento durante un desalojo policial. El choque, que provocó la destitución del presidente Lugo, tuvo lugar en unas tierras cuya propiedad está en disputa entre el Estado y la familia del ya fallecido terrateniente y destacada figura del gobernante Partido Colorado Blas N. Riquelme.
| Agencia EFE |
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