Denuncian que la policía de Venezuela cometió miles de ejecuciones extrajudiciales

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• ASÍ LO REVELÓ AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL INFORME "ESTO NO ES VIDA"
La mayoría de las víctimas son hombres de los barrios más pobres. La organización adjudicó la crisis a los planes fallidos para frenar la delincuencia y la impunidad judicial.

"No hay razón para que ellos desenfunden el arma; esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte", reclama Claudia Villareal, madre de Luis Leal de 20 años, asesinado a tiros en 2016 por un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras hacía cola para comprar productos de primera necesidad a precios regulados en Caracas. Ese año en Venezuela se registraron 21.752 homicidios, de los cuales un 22%, es decir, 4.667, fueron cometidos por las fuerzas de seguridad.

El de Villareal es uno de los once testimonios que recogió Ámnistía Internacional (AI) para acompañar el informe "Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela', que analiza y denuncia las ejecuciones extrajudiciales por parte de los uniformados del Gobierno de Nicolás Maduro, en su mayoría ocurridos en barriadas humildes, y cuyas víctimas son hombres jóvenes de entre 15 y 30 años de edad. La brutalidad institucional no pasa desapercibida en el país, con 89 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, de acuerdo con InSight Crime (IC), y que supera las cifras de territorios en guerra.

"En los casos documentados por AI, todas las víctimas estaban desarmadas. Las autopsias muestran disparos en el cuello, tórax o cabeza, y la muerte se produjo cuando se encontraban arrodillados o acostados. Las autoridades alegan enfrentamiento, pero no figura ni un solo policía herido", resaltó Esteban Beltrán, director de AI España al presentar la investigación en la sede de la organización en Buenos Aires.

Glory Tovar relató que cuatro miembros de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) se presentaron en su domicilio en el barrio San Bernardino, en la capital, cuando se encontraba con varios integrantes de su familia, entre ellos dos hijos y dos sobrinos, cuyas edades oscilaban entre los 19 y los 28 años. Las mujeres fueron desalojadas a la fuerza del domicilio y desde el interior comenzaron a escucharse disparos. Lo próximo que vio fue a los cuatro jóvenes envueltos en sábanas ensangrentadas. Cada uno de ellos tenía un disparo en el pecho. De acuerdo con el informe oficial, fueron abatidos en un enfrentamiento policial. "Tanto cuidarlos para que me los maten en mi casa", denunció a AI.

"De los últimos 19 ministros del Interior, 11 fueron militares. Esta lógica castrense ocasionó detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas", afirmó Beltrán. Al mismo tiempo, adjudicó la actual crisis al "fracaso de las políticas públicas de seguridad de los últimos 20 años, en los que ha habido 17 planes de seguridad", fallidos, enfocados en reprimir y que terminan por criminalizar socialmente a la pobreza, en vez de trabajar en la prevención.

De acuerdo con la organización no gubernamental Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Covafic), entre 2012 y 2017 hubo unos 6.385 casos de ejecuciones extrajudiciales. Los culpables rara vez son condenados.

En ese sentido, Beltrán indicó sobre la base de las conclusiones del documento, que la impunidad en Venezuela alcanza un 90%. "Es el hueso que hace que continúe un círculo vicioso en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima", advierte.

Además, en el documento AI criticó la falta de información oficial sobre homicidios, "especialmente en los casos en los que se encuentran involucrados oficiales de seguridad del Estado".

Para Mariana Fontoura Marques, de AI Argentina, la violencia es uno de los factores que junto con la crisis económica conduce al éxodo de venezolanos. "La inseguridad ha sido una de las principales causas que argumentan los venezolanos como motivo para dejar el país", afirmó en la conferencia de prensa.

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