17 de noviembre 2011 - 00:00

Derrumbe: más de $ 16 millones le costará a la Ciudad indemnizar

Mauricio Macri, ayer en la inauguración de un estacionamiento en Recoleta. Dijo que está de acuerdo con la quita de subsidios, en una jornada en la cual sus ministros criticaron a funcionarios K por denuncias sobre obras irregulares.
Mauricio Macri, ayer en la inauguración de un estacionamiento en Recoleta. Dijo que está de acuerdo con la quita de subsidios, en una jornada en la cual sus ministros criticaron a funcionarios K por denuncias sobre obras irregulares.
El Gobierno porteño redobló ayer la puja con el kirchnerismo al replicarle un informe sobre irregularidades en las obras en construcción en la Capital Federal, polémica que les imprime tensión a las relaciones de las dos administraciones que en estos momentos debaten sobre el traspaso del control de subterráneos (ver nota aparte).

El martes, desde el ministerio que conduce Carlos Tomada, el superintendente de Riesgos de Trabajo, Juan González Gaviola, dio a conocer un informe acerca de aproximadamente 5.000 denuncias sobre irregularidades en obras en construcción en la Capital Federal, de las cuales, aseguró, el Gobierno de la Ciudad sólo realizó 70 acciones.

En la reunión con su gabinete, ayer, Mauricio Macri escuchó las quejas sobre ese «mapa de derrumbes porteños» por boca de algunos ministros, entre ellos el de Seguridad, Guillermo Montenegro. Le dijeron al jefe de Gobierno que «era mentira». A la salida del encuentro, tanto Montenegro como el jefe de Gabinete del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, salieron a contestar con esa consigna.

«Está basado en mentiras», dijo Montenegro sobre el informe presentado por Gaviola y consideró que el Gobierno nacional pretende «seguir haciendo política» con el derrumbe ocurrido el 4 de noviembre pasado en la calle Bartolomé Mitre al 1200 de la Capital Federal.

El ministro de Seguridad porteño insistió con que González Gaviola «miente cuando dice que se hicieron sólo 70 inspecciones a obras en la Ciudad, porque él sabe muy bien que hubo más de 18 mil y está desconociendo datos que su propia gente conoce».

Según el ministro, «en todo este tipo de cuestiones hay que entender cuáles son los reclamos que tienen que ver con obras en sí y cuáles los que tienen que ver con la seguridad de los operarios en cuanto a utilización de cascos e indumentaria, pero no se puede seguir haciendo política mintiéndole a la gente».

Unificación

En otro sentido, Rodríguez Larreta se refirió a la necesidad de cambiar la normativa porteña porque «es fundamental unificar inspectores» entre la Agencia Gubernamental de Control, la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia de Protección Ambiental, todos organismos de la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, ayer en la Legislatura porteña se acordó unificar todas las propuestas para la reparación económica a los propietarios e inquilinos que habitaban el edificio que se derrumbó como consecuencia de una excavación en el lote lindero.

«Habíamos quedado en tratar de arribar a un proyecto consensuado teniendo en cuenta los cuatro que se presentaron sobre el tema y respecto de la expropiación y las dudas que se generaban por el tiempo que llevaría; la propuesta del Ejecutivo ha sido modificada y sólo proponemos expropiar el terreno», explicó el titular de la Comisión de Presupuesto, Álvaro González. El legislador indicó también que «proponemos otorgar a propietarios e inquilinos el subsidio de $ 50 mil, que no será parte del valor de mercado de cada propietario, y la creación de un fondo de $ 16,5 millones» para completar, con el valor del terreno, el dinero que recibirán los propietarios.

De esa manera, sobre el filo de la sesión ordinaria prevista para hoy los distintos bloques debatirán un proyecto en común, o bien expondrán las iniciativas para que se defina en el recinto cómo se entregará la ayuda. Así, además del fondo, se suman los $ 50 mil para cada familia, mientras que el Gobierno porteño se quedaría con el derecho a litigar contra la empresa constructora y los afectados renunciarán a la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

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