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Destraba Gobierno fondos del APE a sindicatos
Hugo Moyano
A través de la Resolución 11/2011 de la Secretaría de Hacienda, publicada ayer en el Boletín Oficial, el Banco Nación destrabó un total de 276.306.872 pesos destinados, en su mayoría, a las obras sociales. Fuentes oficiales dijeron que al menos 240 millones irán a las organizaciones de salud de los gremios, en tanto que los 30 millones restantes corresponden al funcionamiento administrativo de la APE y la Superintendencia de Servicios de Salud.
El dinero girado ayer forma parte del presupuesto anual de la APE, que suele girarse en cuatro cuotas trimestrales durante el año. La primera, que debió ser ejecutada los primeros días de 2011, demoró casi hasta fin de enero por la carencia de Presupuesto oficial para este año tras el fracaso del debate en el Congreso, explicaron los funcionarios del área.
Más allá de la medida publicada ayer, la CGT mantendrá este año la presión por un monto mucho mayor. Se trata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se compone de un porcentaje del total de los aportes retenidos a todas las obras sociales, y que según cálculos oficiales alcanza en la actualidad los 6.000 millones de pesos. Mientras que el presupuesto anual de la APE apenas supera los 1.100 millones de pesos.
Condicionante
El fondo mayor es uno de los ejes centrales del vínculo entre Moyano y el Gobierno. El sindicalista le hizo saber al Ejecutivo que del manejo de ese dinero dependerá en buena medida la participación sindical en el meneado acuerdo social con las principales cámaras empresarias. Y, en última instancia, también será motor del apoyo de los gremios al Gobierno en la campaña electoral.
La APE es el organismo del Ministerio de Salud encargado de reembolsar entre las obras sociales el costo de los tratamientos médicos más caros. Lo hace a través de un mecanismo de reintegros que fue puesto bajo la lupa de la Justicia en la investigación en marcha por la denomina-da «mafia de los medicamentos».
Los jueces federales Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío analizan un posible fraude a la administración pública por parte de directivos de obras sociales, funcionarios y empresarios de droguerías, a través de la falsificación o robo de troqueles de remedios para el cobro de esos reintegros.

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