Detienen a cerealeros por evasión de $ 45 M

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La AFIP reforzó el control sobre el sector cerealero. A través de cruces de información entre ese organismo y el Banco Central se detectaron maniobras de evasión de empresas del sector por más de $ 45 millones, y la compra de dólares y euros de compañías fantasma por otros $ 50 millones.

Las empresas cerealeras fueron en los últimos años uno de los sectores donde más investigaciones realizó la AFIP. Las maniobras de triangulación y las operaciones que realizan esas compañías a través de bancos con sede en paraísos fiscales, a pesar de ser legales, despiertan las sospechas del ente recaudador ya que las considera de alto riesgo de evasión.

Como resultado de algunas de esas investigaciones, el organismo que encabeza Ricardo Echegaray informó ayer que la Justicia Federal de San Nicolás detuvo a tres empresarios bonaerenses y ordenó la captura de otros cinco que se encuentran prófugos por una causa de evasión impositiva. Se produjo luego de una denuncia realizada por la dirección regional de la AFIP.

La presunta evasión agravada fue llevada a cabo por la acopiadora de cereales HA Coltrinari y Cía. SACTA, que falsificó las declaraciones juradas de IVA y del Impuesto a las Ganancias desde 2002 hasta 2005. Con esa maniobra, la firma generó una evasión de más de $ 21 millones. La AFIP constató, además, que en la compra y venta de los cereales que realizó esa firma se computaron créditos fiscales originados en documentación de operaciones sobre las que no pudo establecerse que hayan sido efectivamente realizadas. Además de haber sido hechas con proveedores sin estructura o capacidad financiera. En la provincia de Chaco se dio una situación diferente. Producto de los cruces de información entre la AFIP y el Banco Central, se detectó que una empresa sin capacidad económica real para operar en el mercado cerealero compró dólares y euros durante 2007 y 2008 por una cifra superior a los $ 50 millones. Por los montos de divisas adquiridas y su actividad comercial ilegal, la firma habría defraudado al Estado en más de $ 20 millones.

La empresa estaba inscripta como mayorista en la venta de cereales en Chaco y, pese a que la compañía había concretado importantes ventas, éstas no se veían reflejadas en sus declaraciones juradas. Paralelamente, se descubrió que quienes efectuaban las compras de los cereales eran dos supuestos «apoderados» que realizaban operaciones en dos entidades bancarias y en una financiera de la ciudad de Rosario.

La investigación corroboró que la empresa «fantasma» no tenía capacidad para vender los cereales que habría comercializado. Según sus declaraciones juradas, en 2005 no tuvo movimientos, en 2006 declaró ventas en Ganancias por $ 17 mil y desde enero de 2008 no informó nada más. 

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