DIFÍCIL QUE CAMBIE ALGO SIN CEDER PODER

Que Cristina de Kirchner hable de crisis de representación es más importante que su llamado a dialogar sobre todo y con todos, que ya es mucho. Quiebra un silencio cínico de las administraciones Kirchner sobre el problema más grave de la Argentina, que es político y no económico: la fractura del pacto de representación, causa de la crisis política y de la debilidad de los gobiernos, aun de los que alardean de mayorías en encuestas, que nunca se certificaron en las urnas.

La duda que se abre es si los dirigentes del Gobierno y de la oposición se animarán al primer gesto que pueda ayudar a superar este problema: ceder poder, animarse, como Roque Sáenz Peña, que promovió en 1916 la ley del voto universal y obligatorio, y le cerró a su clase para siempre el camino al poder, al menos con elecciones.

Sin ceder poder no hay forma de reformar los sistemas de representación; los gobiernos que viven atados a emergencias reales o ficticias lo que hacen es acumular poder. ¿Se animarán los Kirchner y los caciques de la oposición a ceder una baldosa de poder? Casi una utopía.

Nunca este asunto pareció importarle a los Kirchner, quizás porque llegaron al poder como fruto de esa crisis de representación, que lo ha tenido más como beneficiarios que como víctimas. Nunca figuró el tema institucional de las elecciones en ninguno de los discursos oficiales en gobiernos cuyos presidentes han hablado tres y cuatro veces por día a lo largo de seis años. Bueno que abran ahora la boca sobre algo tan grave y que requiere solución inmediata.

Señalar a la representación como un problema es el aporte más importante que pueda hacer un Gobierno para abrir algún camino de solución; también que la Presidente rompa con el método que inauguró su marido en 2003 y que ella continuó en 2007: deslegitimar a todos los foros de discusión política, fueran el Congreso, el Gabinete de Ministros, los empresarios, los partidos políticos -el propio y los de la oposición-, los organismos internacionales, la Iglesia Católica. Así se entiende que Cristina de Kirchner alardee que su esposo llegó a la presidencia en 2003 con más porcentaje de desocupados que de votos propios.

Con esa deslegitimación de todos intentó Néstor Kirchner legitimar su administración surgida de una derrota electoral y Cristina de Kirchner la suya, nacida de una instauración casi monárquica. Comprensible como intento si la herencia recibida era agobiante y cualquier ensayo de debate con el otro como sujeto colectivo podía achicar más aún la baja legitimidad de su origen, pero condenado al fracaso como todo atajo en política, un universo en el cual -para lograr algún éxito- es necesario recorrer todos los senderos sin saltarse ninguno.

Para un Gobierno que agota toda su energía en las señales y las representaciones, ese método aporta un testimonio: no hay una sola foto de los presidentes reunidos con dirigentes de la oposición, salvo aquella astracanada de Kirchner haciendo cuernitos cuando Carlos Menem juró su banca de senador.

La traiciona a la Presidente su título de abogada si cree que el problema de la representación depende de un cambio de las leyes electorales. Es un entuerto político y no jurídico que en la Argentina el sistema de opinión esté desacoplado del sistema político. No se arregla en el Congreso sino en los partidos políticos y en sus dirigentes a través de su relación con el poder. Todas las maniobras legales que han hecho los gobiernos desde 2002 -ley de internas de Duhalde, neolemas de 2003, jugueteos con listas antitraición o testimoniales- expresan el rechazo de los políticos a ceder poder y a manejar las normas para aislarse del juicio de la gente.

La responsabilidad no es sólo del Gobierno sino también de los partidos de la oposición, especialmente de aquellos que se anotan alegremente en la «nueva política». Son todos cuentapropistas que se han erigido a sí mismos como candidatos a cargos torciendo las leyes electorales, consagrando el dedazo de los caciques para nombrar postulantes a lugares sin examen de respaldo social, ni aún de capacidad para ejercer cargo.

Los Kirchner, como antes Duhalde, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay, Pino Solanas, Carlos Heller, Gabriela Michetti, Francisco de Narváez, Carlos Reutemann y Felipe Solá, para nombrar a las estrellas de las últimas elecciones, compitieron sin someter sus proyectos a ninguna compulsa interna. Se postularon con sólo anotarse en un tribunal después de asustar a sus adversarios internos con alguna encuesta amiga, o exhibiendo un morral más grande para enfrentar los gastos de campaña.

Hay quien se pregunta ¿para cuándo la interna de los Kirchner? Pero, ¿para cuándo la interna de Macri, o la de Carrió, como antes se extrañó la interna de aquel Béliz que parecía un ángel de la nueva política? Ese cuentapropismo es la causa de la debililidad de los gobiernos que asumen sin tener apoyo popular ni quien los ayude cuando llega la mala hora. Saben qué representan, pero no a quién representan. Por eso cuando los cuestionan sacan a relucir sus convicciones, como si los hubiera votado alguien por lo que piensan. Los votaron porque estaban en listas del cuarto oscuro por métodos que no pueden justificar, así como no pueden justificar sus gastos de campaña. Se salvan de este reproche el radicalismo y el socialismo de algunos distritos -Buenos Aires, Santa Fe- que han hecho internas y han aceptado que la mejor forma de sobrellevar años de oposición es alentar las disputas internas.

Los dirigentes políticos han eludido en estos años cualquier compromiso de representación porque les fue más fácil llegar a cargos manipulando las normas; han evitado así el riesgo de perderlos. La prueba más reciente fueron las candidaturas antitraición del oficialismo en la provincia de Buenos Aires -todavía bajo examen de la Corte Suprema de Justicia-. Estas «testimoniales» fueron en realidad un gesto de rebeldía del oficialismo ante el rigor de las leyes electorales que podían hacerle perder, como al final ocurrió. Lo mismo significó la andanada de listas espejo y colectoras que fueron a las urnas en Buenos Aires colgadas de listas del oficialismo y de la oposición. O el cambio de fecha de las elecciones generales, que el Gobierno adelantó en otro ardid que probó, otra vez, que el crimen no paga.