La mandataria afirmó durante un acto en San Pablo convocado por la Central Única de los Trabajadores (CUT) y otras organizaciones con motivo del Día de los Trabajadores que "resistiré y lucharé hasta el final". Asimismo, embistió contra el vicepresidente, Michel Temer, quien se apresta a sucederla, acusándolo de que "terminará con una parte" del programa social Bolsa Familia.
En el acto realizado en Vale do Anhangabaú, al que asistieron decenas de miles de personas, la presidenta insistió en que es víctima de un "golpe" de Estado que comenzó a ser tejido por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, pero afirmó que luchará contra él como lo hizo durante la dictadura militar.
"Los golpistas intentan violar la Constitución por haber perdido las elecciones en octubre de 2014", dijo en referencia a los comicios en los que conquistó su segundo mandato junto a su Partido de los Trabajadores.
La jefa de Estado acusó a Cunha y a otros legisladores de ser los "responsables" de la crisis económica que vive el país y del aumento del desempleo, por no aprobar las reformas que ella propuso al Congreso.
En un acto en el que Luiz Inácio Lula da Silva pensaba concurrir pero se ausentó a último momento por recomendación médica, la mandataria alertó también que si el Senado aprueba el inicio de un juicio político en su contra y la suspende por seis meses, su reemplazante, Michel Temer, recortará los programas sociales y los derechos de los trabajadores.
Para diferenciarse y asegurarse que los sindicatos y la izquierda la apoyarán hasta el final, anunció un reajuste del 9% en la asignación del Bolsa Familia (similar a la Asignación Universal por Hijo de la Argentina), uno de los programas bandera del PT.
El Bolsa Familia fue creado por el Gobierno de su padrino político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y concede subsidios de unos 164 reales (unos 48,2 dólares) mensuales promedio a cerca de 14 millones de familias pobres, según datos del Gobierno. "Quieren terminar con una parte del Bolsa Familia", señaló, en referencia a trascendidos según los cuales Temer pretende enfocar las prestaciones sólo en el 5% más pobre de los brasileños.
Rousseff también anticipó un ajuste del impuesto a las ganancias para beneficiar a los trabajadores, el cual entrará en vigor a partir de 2017, y avisó sobre las intenciones del eventual Gobierno de Temer de llevar a cabo una política de "privatizaciones".
Las medidas anunciadas por la jefa de Estado suponen un nuevo espaldarazo a la izquierda, que estaba desencantada con Rousseff debido a una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas para reequilibrar las cuentas públicas.
El Senado debate si existen méritos jurídicos para la apertura de proceso político y hacia el 11 de este mes deberá tomar una decisión sobre su posible suspensión para encarar el tramo final del "impeachment".
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la presidenta es finalmente destituida.
| Agencias EFE, DPA y Reuters, y Ámbito Financiero |
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