Diputados aprobó con cambios la expropiación de Aerolíneas

Agustín Rossi, presidente del bloque kirchnerista, y el moyanista Héctor Recalde festejaron en el recinto la aprobación del proyecto. Ahora pasará al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que declara a Aerolíneas Argentinas y Austral de «utilidad pública» y «sujetas a expropiación», aceptando algunos cambios en el proyecto para asegurarse el voto de bloques aliados como los ex aristas del SI y Claudio Lozano, los mismos diputados que hicieron modificar la ley de estatización de las AFJP para apoyar al gobierno.

Así, cuando comenzó el debate a las 13, el kirchnerista Mariano West, presidente de la Comisión Bicameral que controla el traspaso de las líneas aéreas al Estado, anunció que se introducirían algunas modificaciones al dictamen de mayoría, como la discriminación de las deudas de las empresas por su origen y la presentación de un plan general de negocios para el mediano y largo plazo. Fueron las garantías que exigieron los aliados circunstanciales del gobierno que, si bien aceptaban la expropiación de las empresas, cuestionan que el Estado asuma sin discutir la deuda por u$s 890 millones de las dos líneas aéreas.

Seis horas y media después de haberse iniciado la sesión, la votación otorgó 152 votos afirmativos y 85 negativos. Gracias a los cambios, el gobierno tuvo el apoyo del Espacio SI, el Partido Renovador de Salta, Lozano, Encuentro Popular y Social, el Movimiento Popular Neuquino y hasta de Consenso Federal, que responde a Julio Cobos.  

Rechazo

«No vamos a pagar ninguna deuda ilegítima», dijo West, para rechazar las críticas del radicalismo, la Coalición Cívica y hasta el macrismo, que proponía expropiar sólo los activos de las aéreas y dejar que el pasivo se discutiera en la quiebra judicial de la empresa.

En la defensa del proyecto afirmó que el gobierno nacional tuvo que hacerse cargo de la compañía luego del «abandono» en que la dejó el grupo administrador Marsans.

El más enérgico fue el diputado del Encuentro Popular y Social, Ariel Basteiro, quien pidió que «no se tema por las amenazas de Marsans, porque el grupo debería haber cumplido con el servicio y con el sistema tributario si quisiera ir a la Justicia». «Marsans tiene muchos muertos en el placard», dijo Basteiro.

La oposición insistió con que «el rescate de Aerolíneas beneficia a empresas fraudulentas y carga a los argentinos de una deuda de mil millones de dólares».

Para el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, «era más razonable abrir una nueva empresa que hacer viable una que tiene una deuda fabulosa».

La misma línea siguió el justicialista bonaerense Jorge Sarghini: «El Estado se está haciendo cargo de las deudas de una empresa en la que el pasivo supera al activo».

El jefe del bloque radical, Oscar Aguad, lo siguió: «Hacer cargo a nuestra sociedad de las deudas de una empresa privada extranjera por mil millones de dólares y asumir un déficit operativo de entre 50 y un poco más de millones de pesos por mes, no es algo que debe tratarse alegremente, como si fuera inevitable».  

Evaluación

Tras las modificaciones que aceptó el kirchnerismo, se votó entonces la declaración de «utilidad pública sujeta a expropiación de las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Austral Líneas Aéreas, Cielos del Sur SA, y a sus compañías controladas Optar SA, Jet Paq SA y Aerohandling SA.

Además, se estableció que el Tribunal de Tasaciones será el encargado de evaluar los bienes de la empresa y que en un plazo de 180 días se deberá presentar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones un plan general de negocios y una propuesta estratégica a mediano y largo plazo.

El proyecto ahora pasará al Senado, pero ni siquiera con la votación en esa Cámara estará completo el procedimiento. Como el Grupo Air Comet Marsans no accedió a la transferencia al reclamar más de u$s 355 millones por las compañías mientras el gobierno plantea un pago simbólico de un peso, el Estado deberá apelar a un juicio por expropiación para terminar el proceso legal. De hecho, el proyecto aprobado ayer instruye al procurador del Tesoro a que inicie las acciones legales, que comenzarán recién cuando se sancione definitivamente la ley.